Gobierno ha pagado 29 mil millones en alquileres para oficinas
ElPartido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que desde el 2021 el Gobierno ha pagado más 29 mil millones de pesos en contratos de alquiler de inmuebles.
Los datos vienen del mismo gobierno consignados en las publicaciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
La organización política considera que estos son recursos que pudieron destinarse a aliviar las presiones reales en la población, mejorar los servicios públicos básicos y construir soluciones permanentes.
El PLD llamó la atención sobre lo que considera un uso ineficiente de los recursos del Estado, al señalar que, según datos oficiales de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), ese monto corresponde únicamente a instituciones del Poder Ejecutivo y entidades descentralizadas, excluyendo ayuntamientos y otros organismos.
De acuerdo con la organización política, el gasto en alquileres ha mostrado un crecimiento sostenido. Indicó que en 2025 se superaron los RD$5,000 millones en la cuenta presupuestaria de alquileres y renta de edificios del Gobierno Central, el nivel más alto del período, mientras que para 2026 se han presupuestado RD$6,898 millones por este concepto. Asimismo, señaló que actualmente existen 865 contratos activos registrados en la Dirección General de Contrataciones Públicas.
El PLD precisó que no cuestiona la necesidad de alquilar en ciertos casos, pero criticó la falta de una política clara en esta materia, especialmente en un contexto donde —afirma— persisten demandas sociales urgentes, como la indexación salarial, el costo de los combustibles y las limitaciones en los servicios de salud y seguridad social.
En ese sentido, advirtió que el incremento del gasto en alquileres refleja, a su juicio, la ausencia de una visión estratégica, al considerar que esos recursos podrían destinarse a fortalecer servicios públicos y desarrollar infraestructura estatal propia.
La organización también señaló que el 80 % del gasto se concentra en apenas 20 instituciones públicas, lo que, a su entender, evidencia problemas en la planificación y en la gestión eficiente de los recursos.
Además, el PLD denunció la existencia de contratos adjudicados a proveedores previamente sancionados por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Citó como ejemplo el caso de la empresa Kury Limited, que —según indicó— mantiene contratos vigentes pese a haber sido suspendida anteriormente por prácticas fraudulentas
Ante esta situación, el partido exigió una auditoría integral de los contratos de alquiler desde 2021, la formulación de un Plan Nacional de Infraestructura Pública que reduzca progresivamente este gasto y la creación de un inventario único de bienes del Estado para mejorar la gestión y la transparencia.
El PLD afirmó que continuará su labor de fiscalización y reiteró su llamado a que el uso de los recursos públicos responda a las necesidades de la población y no comprometa el futuro del país.