Empresarios a la caza del aparato estatal.

Por Miguel Ángel Núñez

Los grupos empresariales nunca han desdeñado el control del aparato estatal, por el contrario, lo ansían con vehemencia, aunque lo disimulaban designando en posiciones a sus personeros más conspicuos como se ha visto a través del tiempo.
No obstante, de un tempo a esta parte se ha verificado un interés  inusitado por acceder a posiciones públicas de importancia por parte de los empresarios, en  especial de aquellas que implican el manejo de grandes presupuestos.
El gobierno del presidente Danilo Medina se caracterizó por el nombramiento en los principales cargos públicos de conocidos empresarios, algunos identificados con la actividad política, aunque el emprendimiento  económico era su principal actividad.
Resalta José Ramón Peralta, empresario agrícola, identificado con el PLD, Ministro Administrativo de la Presidencia.
También Donald Guerrero, empresario automovilístico, como Ministro de Hacienda. Lo propio ocurrió con Gustavo Montalvo,  empresario de la construcción, dirigente del PLD, como Ministro de la presidencia y Ángel Estévez, productor arrocero como Ministro de Medio Ambiente.
Otros empresarios del gobierno danilista, procedente de la banca fue Enrique Ramírez Paniagua, como director de Aduanas, Gonzalo Castillo, empresario aeronáutico y de la computación  como Ministro de Obras púbicas y al empresario agrícola Osmar Benítez, ministro de Agricultura, entre otros.
Aunque la actividad productiva, necesariamente no tiene que estar reñida con la función estatal, esta decisión del presidente Medina le granjeó muchas contradicciones con su partido, pues privó del ejercicio administrativo a dirigente de la organización que se formaron para ello y esperaban  probar talento, una vez se presentará la oportunidad.
Finalmente, los analistas del tema político le atribuyen al peso de los empresarios en el aparato de gobierno la división y posterior derrota sufrida por el PLD en los comicios del 5 de julio del 2020.
Pero en materia de influencia del empresariado en la burocracia estatal el gobierno de Luis Abinader se lleva todos los honores, pues arranca con el mismo, empresario de origen, aunque su filiación partidaria con el PRD y luego con PRM, están fuera de dudas.
Se critica que la estructuración de su gabinete se produjo atendiendo a compromisos institucionales.
Inicia con Jochi Vicente, expresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), como Ministro de Hacienda, Lisandro Macarrulla, expresidente del Consejo de la Empresa Privada, como Ministro de la Presidencia. Además Limbert Cruz, productor agrícola como Ministro de Agricultura, el expresidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Víctor Castro, como director del INABIE y Daniel Rivera, médico de Santiago ligado a una importante  empresa de la salud, como Ministro de Salud y de esa forma una importante cantidad de empresarios que prueban talento en la administración pública.
Personas que se consideran afectadas con esta tendencia de las últimas administraciones alegan que el nombramiento de empresarios en sustitución de los dirigentes políticos obedece a un proceso de desplazamiento  de los partidos políticos de la administración pública.
En el pasado, gobiernos como los del doctor Joaquín Balaguer, caracterizados por un gran personalísimo, se nombraba a empresarios en determinadas posiciones, sin que el criterio empresarial superara la visión política del gobierno.
Se observa que hoy día se utiliza al político para buscar los votos, una vez logrado el objetivo político, entonces se coloca a empresarios en los principales puestos de dirección del Estado, fenómeno que atribuyen a las grandes inversiones económicas que realizan grupos empresariales en respaldo a determinados proyectos políticos, aporte que cobran con cargos en el gobierno.
La concentración de empresarios en la administración estatal impacta la forma de concebir el gobierno, pues se alega que el empresario persigue la eficiencia del bien administrado, en beneficio del grupo que sustenta, sin atender al reclamo de quienes lo llevaron al puesto.
El desplazamiento del político de profesión de la administración pública, transforma al Estado en empresa privada, mediante nuevos mecanismos de administración corporativa, como viene sucediendo con el nombramiento de conocidos empresarios, en los llamados  fideicomisos en áreas importantes, dando lugar a una de las formas más cínicas de enajenación del bien público.
De esa forma, los propios partidos políticos serian convertidos en empresas administradas por grupos empresariales, carentes del objetivo social y político que estas organizaciones están destinadas a desempeñar.

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