Dos funcionarios Migración a la cárcel por mafia frontera

Roberto Méndez Pérez, encargado de la Dirección de Migración en Jimaní, encabeza el expediente de los encartados en la Operación Iguana, que desmanteló una red de tráfico de personas por la frontera dominico-haitiana.

Por Jeannette Kranwinkel

Los involucrados en una mafia para el trasiego ilegal de personas por  Jimaní y otros puntos fronterizos,  que encabezaban dos funcionarios de la Dirección de Migración, fueron enviados a prisión por un año por el juez que conoció las medidas de coerción.

Los imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní, y el inspector de esa dependencia Johan Rosario Castillo, quienes estaban haciendo todo lo contrario a lo que  establecen sus responsabilidades para sacar beneficios personales.

Otros incluidos en el expediente son Kelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz y Juan Mateo Feliciano (Yefo) quienes deberán cumplir un año de prisión en la cárcel de Neyba. También, Deivi Nova Reyes, quien era empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Mientras que Dominga Guzmán, madre de uno de los imputados, tendrá que presentarse en forma periódica ante el Ministerio Público.

El magistrado Pado Terrero Pérez acogió la solicitud formulada por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y declaró el caso de tramitación compleja.

La PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, desarrolló la Operación Iguana con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.

En las audiencias de coerción el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Belkis Ulloa y Wendy González, procuradora general titular de la Procuraduría Regional de Barahona. También por la fiscal Aleika Almonte, de la PETT, y Alexis Piña y Yoneivy González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados en la red de tráfico de inmigrantes y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.

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