Finjus pide respuestas contundentes ante abusos policiales

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) exigió este lunes “respuestas contundentes” ante una serie de hechos que involucran a la Policía Nacional y que se están traduciendo en excesos, entre los que cita la muerte de detenidos en destacamentos y las agresiones contra el Defensor del Pueblo en el Canódromo.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Finjus y miembro de la Comisión de Reforma de la Policía Nacional

Entiende la Finjus que estos “graves acontecimientos” deslegitiman y afectan los procesos institucionales en marcha para transformar y profesionalizar la Policía Nacional, impulsados por el Poder Ejecutivo.

La fundación denunció que, además del uso de la fuerza y la obstrucción de la acción de un órgano constitucional sin justificación alguna, se evidenció la violación al derecho al ejercicio del periodismo y la libre expresión del pensamiento, debido a que los agentes tomaron los equipos de los reporteros del Listín Diario y borraron las informaciones registradas.

Indica que ambos hechos demuestran la necesidad de los planes y propósitos para transformar y profesionalizar a la Policía Nacional, proceso que se inició debido al asesinato de los jóvenes pastores Joel Díaz y Eliza Muñoz en Villa Altagracia, también a manos de miembros de la institución del orden.

El Ministro de Interior, Jesús Vásquez Martínez, quien no ha podido poner en orden la Policía Nacional.

El llamado de atención de la institución a las autoridades correspondientes se debe a que a varias semanas del deceso de José Gregorio Custodio aún el Inacif no ha entregado el certificado de la autopsia del joven, que, de acuerdo con la prensa, llegó al hospital con golpes, contusiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, lo que los familiares atribuyen a una golpiza por parte de los agentes en el destacamento policial.

Así como a la ausencia de un responsable por eliminar los datos de los equipos de los reporteros en un altercado en los que los miembros de la Policía evitaron a la fuerza que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y su equipo realizaran una inspección, tras recibir denuncias de graves irregularidades y abusos contra ciudadanos.

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