Tapando el sol con un dedo. Decenas de obras paralizadas y servicios vitales descuidados
Por Miguel Ángel Núñez.
Cuando el gobierno puso en marcha el Sistema Nacional de Atención a Emergencias (911), luego de ser aprobado por el Congreso, los dominicanos accedimos a un conjunto de servicios, de los que sólo hacían gala los países desarrollados.
Por primera vez una persona que sentía su vida en riesgo, en la mira de un delincuente, un incendio o una emergencia de salud, con sólo marcar estos tres dígitos, se aparecía frente a su domicilio una unidad perfectamente equipada, con recursos, trato profesional y en un tiempo que se reducía con el paso de los días.
La fama por el ágil servicios creció a velocidad de vértigo, haciendo los ciudadanos suyas las bondades de un 911, que gradualmente se extendía por todo el país.
El ulular de las ambulancias del 911 pedían abrir el paso para que una parturienta llegara al hospital, con la debida dignidad y humanización que se merecía, sin hacerlo sangrante, en plena labor de parto, en el carro de concho o en la cama de la camioneta que se dignara llevarla al hospital más cercano.
El éxito en el combate al Covid 19, en gran medida se debió a que las unidades del sistema llegaban a tiempo a los centros de salud, logrando salvar la vida de numerosos pacientes afectados con el virus.
Leer que dos personas perdieron la vida y varias sufrieron quemaduras en medio de un incendio que se originó en la televisora canal 6 o Canal del Sol, precisamente propiedad de la familia De Camps, de conocida incidencia en este gobierno, a la espera de una unidad del 911 que no llegó a su debido tiempo, es una señal que mueve a preocupación.
No es la primera vez que los ciudadanos se quejan por el deterioro de este servicio, en el cual el Estado invierte millones de pesos del Presupuesto Nacional.
Los ciudadanos atribuyen el deterioro en la calidad del 911 a que fue creado en el gobierno anterior, y que la lógica falsa de las autoridades sería que en cierto modo, su éxito puede alimentar la imagen del candidato que presente esa organización en los venideros comicios.
Eso es respecto al 911, pero cada día se recogen denuncias de ciudadanos que tienen a sus hijos viajando por trechos de hasta 15 kilómetros para asistir a un plantel escolar, otros recibiendo docencia debajo de árboles, porque el centro escolar que se inició hace 11 años, no es terminado, a pesar de que se halla en las etapas finales de su construcción, porque se inició en anteriores gestiones.
El sistema de salud tampoco está ajeno a esta actitud del gobierno, con una serie de hospitales, entre estos la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, paralizados en su fase de terminación.
Otro ejemplo de esta actitud de las autoridades lo constituyen los conflictos en torno a la operación de la termoeléctrica Punta Catalina, que luego de claros desaciertos para controlar las emisiones de humo, incapacidad para su mantenimiento, la adquisición del carbón para generar la electricidad, la solución que se les ocurrió a las autoridades, fue otorgar su gestión a un grupo de empresarios, en un cuestionado mecanismo de fideicomiso.
La cantidad de recursos, sacados de las costillas de los ciudadanos, invertidos en estas obras paralizadas y desperdiciadas, aún no se ha calculado.
De comprobarse una serie denuncias sobre las obras paralizadas, y cuya terminación exigen los ciudadanos, estaríamos frente a una salida errática, anti política e inhumana, que atenta contra el principio de continuidad del Estado.
Los ejemplos son ampliamente conocidos, ningún país ha logrado superar sus problemas de desarrollo, si los programas, planes y proyectos gubernamentales no son continuados por las autoridades subsecuentes, en ocasiones por decenas de años.
Pero, desde el punto de vista electoral tampoco es aconsejable negarse a terminar obras, convertidas en ruinas, ansiosamente demandadas durante años por los ciudadanos, aunque estén paralizadas debido a la mezquindad que aconseja la politiquería barata.