Fiscales se rebelan contra Inspector Ministerio Público
Lo acusan violar debido proceso
Hay rebelión de fiscales contra los excesos que le atribuyen al inspector general del Ministerio Público, quien ha tenido confrontaciones públicas con funcionarios a los que ha pretendido someter a un tribunal disciplinario sobre la base de procesos irregulares.
Los fiscales han elevado una instancia ante el Consejo Superior del Ministerio Público con la finalidad de denunciar las irregularidades cometidas por la Inspectoría General, que dirige Juan Medina de los Santos, en la instrucción de los procesos disciplinarios.
Se recuerda que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, acusó al Inspector General del Ministerio Público, Juan Medina, de incurrir de forma ilegal, ilegítima, arbitraria e inquisidora, en prácticas de acoso moral y laboral en su contra.
El 22 de junio del 2021 Ramos dirigió una comunicación a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, señlando que el procurador adjunto con su accionar incurrió en delito de violencia de género, consagrado en el artículo 309-1 del Código Penal, por lo que solicitó que se abra una investigación sobre ese caso.
También ese funcionario tuvo un lance con el ex Fiscal de Santiago, Francisco Núñez, a quien la daba una serie de instrucciones que fueron rechazadas por el responsable del ministerio público en esa ciudad.
En la instancia presentada ante el órgano superior de gobierno del Ministerio Público se precisaron casos concretos de fiscales cuya investigación disciplinaria había sido difundida en los medios de comunicación aún sin haber sido realizadas pesquisas que comprometieran la responsabilidad administrativa de los investigados, en franca violación al debido proceso de ley y de la dignidad que como persona debe ser resguardada, máxime cuando se trata de un actor del sistema de justicia.
Posteriormente, en fecha 1 de junio aproximadamente 60 fiscales de toda la geografía nacional presentaron un “manifiesto de adhesión y respaldo” a la comunicación inicial, donde abordando el contexto constitucional vigente y el criterio claro, preciso y firme de la honorable Procuradora en cuanto al debido proceso, conminaron al Consejo Superior del Ministerio Público a fiscalizar la labor que realiza la Inspectoría General con la finalidad de que los derechos fundamentales que le asisten a los fiscales como ciudadanos y luego como miembros del sistema de justicia sean resguardados, protegidos y sean corregidas las irregularidades replicadas actualmente por la Inspectoría General en la investigación de los procesos contra los miembros del Ministerio Público.