Procuradores siguen atacando a jueces al perder casos

Continúan los ataques y lamentos de los fiscales ante las decisiones de jueces que han ordenado el cese de la prisión preventiva contra imputados a quienes se les ha vencido el plazo para que el Ministerio Público presente acusación formal.

Ante los reveses en los tribunales, los procuradores adjuntos que llevan los casos de alegados actos de corrupción han respondido con ácidas críticas a esos magistrados y no recurriendo de inmediato las sentencias.

Al deplorar la variación de la prisión preventiva a otro de los imputados por corrupción administrativa del Caso Medusa, la procuradora de corte, Mirna Ortiz, lamentó que los jueces sigan sin asumir la magnitud de los casos de corrupción procesados por el Ministerio Público.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) .Mirna Ortiz.

“Los tribunales se niegan a hacer un examen de la Ley conforme a las nuevas tendencias, atender a la realidad de que los tribunales no estaban preparados para casos de esta magnitud, como tampoco la legislación está adaptada a casos de esta magnitud”, dijo la litigante al ser consultada por los periodistas sobre la decisión el juez Amauri Martínez de disponer el cese de la prisión preventiva a favor del imputado Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público,

Sostuvo que frente a los casos de corrupción que lleva el Ministerio Público en estos momentos producto de sus múltiples operaciones contra la corrupción y la impunidad se hace necesario, sin dilaciones y conforme lo ya establecido por el Tribunal Constitucional, “extender los plazos por la cantidad de imputados, la cantidad de pruebas, y la complejidad de la obtención de dichas pruebas; cosas que no se habían visto con otros procesos, por lo menos en la historia de la justicia penal dominicana”.

Alexander Solano, a quien un juez le varió la prisión por domiciliaria, involucrado en el Caso Medusa.

Al variar la prisión preventiva al acusado Solano, el juez Martínez le dispuso arresto domiciliario, el pago de una garantía económica por un monto de RD$10 millones a través de una compañía aseguradora e impedimento de salida del país.

La litigante de la Pepca resaltó que al tribunal se le explicó que la exesposa de Solano presentó, el día 26 de enero, una denuncia por sentirse violentada de manera persistente a través de llamadas telefónicas amenazantes, realizadas por el imputado desde la cárcel, desde dónde le advertía incluso, “que la cárcel no era eterna, o sea, poniendo fecha y hora para que a su salida resolvieran conflictos y situaciones de pareja”.

“El juez entendió que esto tampoco era motivo suficiente para mantenerlo en prisión y que eso era un caso distinto al caso que estábamos conociendo”, deploró Ortiz.

Por razones de espacio la audiencia fue celebrada en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público además de Ortiz estuvo representado por los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.

Ortiz recordó que el Ministerio Público se mantiene confiado en el proceso pese a la decisión del tribunal. “El Ministerio Público continúa como siempre a pie de batalla y seguiremos presentando la acusación donde inequívocamente serán enviados todos a juicio”, subrayó.

Botón volver arriba