Los dineros de la campaña electoral
Por Guillermo Tejeda
(Director Resumen Final Digital)
La mediática “Operación Calamar” del Ministerio Público ha puesto sobre el tapete el siempre controversial tema del financiamiento de las campañas de los partidos políticos.
Un tema recurrente, pero al que siempre el liderazgo político le ha sacado el cuerpo, porque todos, sin excepción, han aceptado los sobres del dinero contaminado por actividades ilícitas.
Sin embargo, el Ministerio Público se ha concentrado sólo en un aspecto del pecado original por todos aceptado, pero no reconocido. Una práctica que es vox populi en el espectro político dominicano, pero que todos miran para otro lado, aunque sin olvidar el bolsillo para las “ofrendas” de campaña con la esperanza de retorno cuando los beneficiados lleguen al poder.
El PEPCA ha centrado su expediente en un alegado financiamiento de la pasada candidatura presidencial del PLD, con dinero de contratistas, beneficiados según los fiscales investigadores en un “entramado” del que formaban parte funcionarios del gobierno y empresarios.
No obstante, el mismo organismo anticorrupción de la Procuraduría General de la República no ha reaccionado ni por asomo, ante otras denuncias y otros protagonistas, algunos de los cuales tienen meses en cárceles de Estados Unidos procesados por narcotráfico a gran escala.
Hay confesiones públicas realizadas al fragor de la pasada campaña electoral, en la que esos mismos extraditables, hacían galas de los aportes realizados a las arcas del entonces candidato y hoy presidente de la República.
Para nadie es un secreto que en la campaña electoral del 2020 el dinero del narcotráfico se movió en diferentes direcciones a favor de candidatos y partidos, sin que nadie en el Ministerio Público se inmutara por lo ocurrido.
Pero lamentablemente, la descomposición social en la República Dominicana ha provocado una aceptación de esos elementos y su perniciosa práctica que le agencia el dinero, suficiente para acallar las voces que pueden hacerle señalamientos en sus pueblos.
De ahí las afirmaciones de que el Ministerio Público está siendo selectivo en la persecución de la corrupción y las motivaciones que tiene la denominada “Operación Calamar”.
El financiamiento con dinero del narcotráfico a las campañas políticas, para mí, tiene una connotación grave, por lo que esto implica en términos de criminalidad, inseguridad ciudadana y otros aspectos que dañan el tejido social del país.
Nadie ha querido enfrentar a los capos de las drogas, que ya no sólo aportan gruesas cantidades de dinero para financiar candidaturas, sino que han estado reclamando su participación directa en el reparto, alzándose algunos con diputaciones, senadurías y alcaldías.
Y que no me vengan conque aporte pruebas de lo anterior, cuando hay un diputado que todavía cobra, preso en Miami y haciéndose el loco para no delatar a sus jefes políticos, y hasta un ex síndico de una comunidad de Azua, extraditado hacia Estados Unidos y que en el país era una pieza importante de uno de los más poderosos y sanguinarios carteles de las drogas mexicanos.
Sin mencionar a otros políticos que están al borde de la extradición por ser ejes de las maquinarias de lavado de millones de dólares producto del envío de toneladas de cocaína en lanchas rápidas hacia Puerto Rico.
Es hora ya, de que la política no siga lavando y honrando a delincuentes que pagan sus indulgencias a los partidos políticos que se resisten a abandonar la vieja maña de nutrir sus arcas sin importar la procedencia de los dineros recibidos.
Cuando el Ministerio Público actúe en esa dirección, entonces no habrá que convencerme con discursos y publicidad sobre su verdadera independencia del poder político de turno.
Mientras tanto, me iré a un buen restaurante en la zona costera del país a disfrutar de un calamar, sin los condimentos con los que ha contaminado el Ministerio Público su voluminoso y difundido expediente,