La política en los cuarteles de nuevo
Por Guillermo Tejeda
(Director Resumen Final Digital)
La campaña política ha revivido uno de los fantasmas del pasado que se creían sepultados con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.
Se trata de la perniciosa práctica de utilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las actividades proselitistas, lo que era el común denominador en los aciagos 12 años del régimen que encabezó el doctor Joaquín Balaguer, lo que contribuyó a la proliferación de caudillos militares.
La llegada al poder de Don Antonio Guzmán en el 1978 puso fin a esta situación, al emprender un proceso de despolitización de las Fuerzas Armadas que se había mantenido hasta hace poco, cuando el país pudo observar las imágenes de una caravana de candidatos del partido de gobierno, saliendo de un Batallón del Ejército Nacional en Azua.
Pero hay informes de que en determinadas guarniciones militares se han reunido políticos cobijados por comandantes que solo llevan el uniforme, pero que responden más a sus jefes civiles que a la jerarquía castrense.
Lo preocupante de este episodio es que la reacción ha sido muy tímida, comenzando por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Luis Abinader y el Ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, un oficial muy caballeroso, pero que todos sabemos que también está permeado por la política partidarista y a quien responde.
El presidente de la República debió ordenar medidas más drásticas que el simple traslado de dos coroneles, el Comandante de la Tercera Brigada de Infantería, con asiento en San Juan de la Maguana y el Comandante del Décimo Tercer Batallón en Azua.
La señal debió ser más cortante, a modo de ejemplo para que otros oficiales no se involucren en la política que le está vedada por la Constitución de la República y su ley orgánica.
Estos comportamientos militares son propios de los procesos reeleccionistas. Coroneles que quieren asegurar su ascenso y de Generales que aspiran a dirigir una de las fuerzas castrenses, obedeciendo a civiles que utilizan como escalera para alcanzar sus objetivos al no contar con los méritos acumulados por su desempeño en los cuarteles.
Involucrar a los militares en la política significa un gran retroceso y una amenaza para la institucionalidad democrática del país, que se ha venido forjando a fuerza de mucha sangre, sudor y esfuerzo, que no se pueden lanzar por la borda.
Ojalá que lo ocurrido en Azua sea un “hecho aislado” como se alega desde los predios oficiales y no un comportamiento extendido de manera soterrada por las guarniciones militares, Brigadas y Batallones, principalmente del Ejército Nacional, que tienen cabezas muy politizadas que mantienen frenado el avance de jóvenes oficiales preparados, académicos que no han olvidado el norte de su misión ni su lealtad solo al servicio de la Patria.
Los tiempos de las pañoletas en los cañones de los fusiles portados por nuestros soldados, deben quedar sepultados para siempre, lo que exige una veeduría ciudadana permanente, supervisión constante de los cuarteles y acciones concretas para sancionar a uniformados que osen ponerse al servicio de los colores de los partidos buscando pescar en río revuelto en medio de un proceso electoral.
La misión de nuestras Fuerzas Armadas debe mantenerse invariable, defender la integridad territorial de la República Dominicana, defender su soberanía, sostener la paz y el orden público.
La tarea del gobierno es su fortalecimiento y profundizar en la profesionalización de nuestros militares, una tarea que luce aletargada en los últimos años.
Y como decía la fallecida ex Ministra de Defensa de Ecuador, Guadalupe Larriva, “Las Fuerzas Armadas no deben participar en política porque no pueden ser garantes ni árbitros de nada”.