Jueza levanta prisión domiciliaria general Viola
La prisión domiciliaria que pesaba contra el general Juan Camilo de los Santos Viola fue retirada por orden de la jueza del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisell Pérez Méndez.
La medida también favorece al coronel Rafael Núñez de Aza y el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora Rossy Guzmán, implicados en el caso Coral y Coral 5G.
El tribunal tomó la decisión, al acoger un pedimento presentado por la defensa de los implicados, doctores Félix Humberto Portes Núñez y Wendy Lora.
El tribunal en cuanto al general de los Santos Viola, El exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, mantuvo el impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de un millón de pesos, bajo la modalidad contrato y amplió a todo el territorio nacional el brazalete electrónico.
Mientras que, en cuanto a Núñez de Aza, ex encargado del Departamento Financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el tribunal mantuvo el impedimento de salida del país, el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos y amplió en todo el territorio Nacional, el brazalete electrónico.
Y en cuanto a Flete Guzmán, la jueza le quitó el brazalete electrónico y le mantuvo el impedimento de salida del país y le impuso el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos bajo la modalidad de contrato.
En la audiencia la defensa de los Santos Viola, solicitó variación de medida de coerción, ordenando el cese del arresto domiciliario y la colocación de grillete electrónico, aunque mantengan el impedimento de salida sin previo permiso de la autoridad competente.
Mientras que la defensa de Flete Guzmán, sostuvo que el 5 de mayo del 2021 le fue impuesta la prisión preventiva y que en diciembre de 2022 le variaron la prisión y le colocaron el grillete, medida con la cual tiene un año, cuatro meses y varios días, señalando que desde ese entonces dejó de percibir el salario de cabo sin poder sostener a su familia.
En tanto que la defensa de Núñez de Aza, declaró en el tribunal que su cliente en pocos días cumplirá 36 meses en prisión; 18 meses de prisión preventiva y el restante en arresto domiciliario, por lo que solicitó quitarle el grillete electrónico y arresto domiciliario para que se le imponga presentación periódica.
En la audiencia, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y el fiscal Jonathan Elías Pérez, solicitó al tribunal mantener la medida de coerción vigente, alegando que no han presentado presupuesto nuevo, situaciones novedosas que permitan a la jueza variar la medida de coerción vigente.