72 contratistas recibieron pagos ordenados por Donald Guerrero
Pero Ministerio Público se concentra en uno
El director de Presupuesto, José Rijo por fin habló ante el juez que conoce en denominado Caso Antipulpo, luego de resistirse a que los medios de comunicación tuvieran acceso a su testimonio, en el que salieron a relucir nombres de contratistas beneficiados con pagos que no se incluyen en el expediente.
Se concentró en los pagos que ordenó en el 2020 el entonces ministro de Hacienda Donald Guerrero por alrededor de 20 mil 900 millones de pesos para saldar deudas administrativas en favor de 42 contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y de otros 32 del Ministerio de Obras Públicas.
En tal sentido, Rijo Presbot detalló que entre el 31 de julio y el 14 de agosto del año 2020, Guerrero instruyó mediante una comunicación escrita “resolver los compromisos pendientes con los contratistas” de las referidas entidades, pero el Ministerio Público en este caso se ha concentrado en el hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez.
El funcionario emitió sus afirmaciones al declarar ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que sigue el caso Antipulpo, en calidad de testigo del Ministerio Público.
El testigo del Ministerio Público indicó que esta decisión, ejecutada por el exministro de Hacienda habría afectado la disponibilidad financiera del Estado dominicano y provocó aumentar, aún más, la deuda pública, como consecuencia de pagos pendientes, correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
“Es esencial entender que para proceder con el pago de una deuda pública, esta debe estar previamente registrada y validada a través del Congreso Nacional, en el Presupuesto General del Estado del año en curso. Mientras que cuando las deudas son administrativas o acumuladas de años anteriores, deben cumplir con un proceso riguroso de verificación y certificación por parte del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, cosa que no sucedió en este caso”, aclaró el también catedrático.
El funcionario explicó que para la realización de dicho pago se violentaron múltiples leyes y normativas, incluyendo la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley de Tesorería Nacional, la Ley de Crédito Público, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Inversión Pública, la Ley de Contrataciones, y el Presupuesto General del Estado de 2020. Así como el Decreto 15-17 de Control de Gasto y Pago a Proveedores y otros instructivos legales relacionados con el control de gasto público.
“Para el pago, hicieron uso de los dividendos que debía depositar el Banco de Reservas a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). El mismo se realizó por fuera del circuito de pagos que debe involucrar a la Dirección General de Administración de Deudas, así como a la Tesorería Nacional, la Unidad de Análisis de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental”, detalló Rijo Presbot.
En tal sentido, indicó que todos los pagos realizados por las instituciones estatales deben pasar por la referida entidad financiera, la cual maneja la Cuenta Única del Tesoro (CUT) de la Tesorería Nacional.
Sin embargo, en esta ocasión, los pagos fueron efectuados sin el debido proceso legal y sin registro en el sistema financiero del Estado, bajo instrucciones directas del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero.