A juicio de fondo Antonio Espaillat y hermana por los muertos del Jet Set

El juez Raymudno Mejía ha enviado a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por la tragedia del Jet Set que dejó más de 236 muertos.

El magistrado mantuvo la calificación jurídica de homicidio involuntario por el trágico desplome del techo.

El magistrado adoptó la decisión tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público, al considerar que existen suficientes elementos de prueba para que el expediente sea debatido en un juicio de fondo. Con esta decisión, el proceso penal entra en una nueva fase, en la que un tribunal deberá valorar los testimonios, peritajes, documentos, fotografías, videos y demás evidencias incorporadas por las partes.

El juez acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público contra los hermanos Espaillat por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias. La acusación sostiene que los imputados actuaron con negligencia, pese a tener conocimiento de las irregularidades estructurales que presentaba el techo de la discoteca Jet Set.

De acuerdo con el órgano persecutor, los propietarios habrían aplicado soluciones paliativas inadecuadas con el objetivo de reducir costos, en lugar de ejecutar intervenciones técnicas suficientes para corregir los problemas detectados en la estructura. Esas fallas, según la acusación, quedaron evidenciadas mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas entre empleados del centro nocturno.

El expediente también plantea que la estructura del techo fue sobrecargada con la instalación de equipos de climatización de gran volumen, incluyendo seis unidades de aire acondicionado con un peso estimado de entre 15 y 20 toneladas cada una, además de tinacos de agua, sin que existieran estudios técnicos que garantizaran la capacidad de carga del edificio.

Según la tesis del Ministerio Público, esas acciones se sumaron a los desperfectos estructurales de la edificación y terminaron provocando el colapso del techo durante una actividad masiva. La tragedia dejó cientos de víctimas bajo los escombros y abrió uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años en República Dominicana.

Asimismo,  rechazó imponer prisión preventiva a los imputados y mantuvo las garantías económicas de 50 millones de pesos para cada uno, el impedimento de salida del país y la presentación periódica.

También reiteró las órdenes de inmovilización y secuestro previamente dictadas sobre los bienes de los imputados.

Acogió igualmente la solicitud de medidas conservatorias e impuso embargos conservatorios y retentivos, así como la inscripción de hipotecas judiciales sobre los bienes inmuebles, activos y valores por la suma de 500 millones de pesos, «equivalente al duplo de la suma principal».

El juez del Primer Juzgado de Instrucción admitió también a los terceros civilmente demandados: Inversiones E y L, S. R. L.; Difusora Hemisferio, S. R. L.; Radio Cadena Comercial, S. R. L.; Eveline Espaillat y Ana Grecia López.

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