Abinader, el paquetazo fiscal y volver la vista atrás
Las turbulencias provocadas por el paquetazo fiscal estructurado por el gobierno que se vió obligado a retirarlo del Congreso Nacional, donde su maquinaria partidaria se aprestaba a sancionar han amainado, pero siguen soplando fuertes vientos que podrían sacudir las disminuidas finanzas de los hogares de clase media en el país, quienes pagan siempre los platos rotos de los excesos.
Esto a raiz de las declaraciones del presidente Luis Abinader de que no pensaban reformular el proyecto de “modernización fiscal”, que según economistas de la talla de Andy Dauhajre, beneficiaba a los evasores de siempre.
Esa decisión del mandatario plantea una serie de interrogantes que giran sobre la pertinencia de los ajustes, cuando el gobierno tenía capacidad para manejarse sin esa reforma a todas luces regresiva, que tocaba a los de abajo, mientras se mantenían los privilegios a los de arriba.
El gobierno tiene múltiples vías para aplicar un paquetazo de ajustes sin necesidad de que lo valide el Congreso Nacional, con decretos y normas impositivas de dudosa legitimidad, que les garantizarían recursos para seguir operando sin ponerle freno a los gastos y pagar la abultada deuda externa que ha crecido como la espuma en la actual administración.
Uno de los cuatro ejes en los que descansaba esa reforma, tocaba el régimen tributario, atacando la evasión fiscal, colocado como el último de las prioridades del paquetazo, precísamente por donde debió comenzar antes de ampliar la base impositiva.
El gobierno debería repensar la reforma, con un proyecto adecuado a la realidad, si quiere como decía con el frustrado paquetazo, mejorar los ingresos fiscales del Estado para aumentar la inversión pública en áreas claves como transporte, salud, seguridad y protección de la población más vulnerable.
Pero antes debe consensuar, analizar con los sectores productivos, generadores de empleos y riquezas, así como la sociedad, ignorados por los tecnócratas de un gobierno copado por empresarios muy distantes, carentes de sensibilidad social, porque desde la opulencia no han tenido tiempo de observar las necesidades de quienes viven muy lejos de sus torres, sobreviviendo en el día a día en un país con cada vez menos oportunidades.
Es innegable que quienes elaboraron esa reforma y pusieron al presidente Abinader a defenderla a capa y espada, no midieron los efectos de los ajustes sobre los sectores más vulnerables, a quienes se le pondrían más distantes las dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
Esos técnicos, comenzando por el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, debieron reflexionar sobre el carácter redistributivo del paquetazo, llamado a convertirse en una carga que solo profundizaría las desigualdades sociales en la República Dominicana.
Es cierto que se hace necesario aumentar los ingresos del Estado para afrontar los compromisos , pero sin sacrificar la equidad y la justicia social.
Ya lo ha dicho el Papa Juan Pablo Segundo, y lo recuerdan los obispos dominicanos, “El desarrollo no puede reducirse a un simple crecimiento económico”.
Toda política económica debe garantizar el bien común, porque “el orden social y su progreso deben subordinarse constantemente al bien de la persona”.
De ahí que toda reforma fiscal debería tener de común denominador un enfoque humanista y socialmente equitativo y no un objetivo meramente fiscalista, como pretendían los empresarios enquistados en el gobierno, a quienes se atribuye la arquitectura del paquetazo que naufragó en las aguas de las protestas ciudadanas.