Abinader habla de la corrupción pasada, pero calla escándalos su gestión

Sin entrar en detalles sobre los escándalos de corrupción del presente, el presidente Luis Abinader reveló que se han recuperado 6 mil 500 millones de pesos del patrimonio público robado y hay más de 130 mil millones en casos en curso.
Asimismo, llamó a la población a «protestar y denunciar la corrupción» para entonces poder actuar desde el gobierno.
Los pronunciamientos de Abinader se producen en momentos en que comienzan a destaparse escándalos de corrupción en varias áreas de su gobierno, pero que han sido tratados con mucha discreción por el Ministerio Público y otros organismos competentes.
El mandatario presentó este lunes los avances alcanzados para establecer un régimen de consecuencias en la República Dominicana y llevar a la justicia a toda persona “con acciones que le comprometa con la corrupción, sin importar quien sea ni el momento que sea”.
El gobierno busca sancionar el incumplimiento de la transparencia en todos los órganos y entes públicos bajo el Poder Ejecutivo y registra, a la fecha, 287 casos de faltas administrativas remitidos al MAP y 49 casos de funcionarios públicos actuales llevados al MP; también se han recuperado RD$6,500 millones del patrimonio público y hay más de RD$130,000 millones en casos en curso.
“Podemos decir que somos el primer gobierno que ha establecido un régimen de consecuencias a todos los niveles. Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción, en que no debe haber impunidad, en que se deben respetar los bienes públicos”, destacó Abinader.
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
A través de esta, el gobierno promueve una gestión pública transparente, ética y orientada al bien común, que reconoce el derecho a saber del ciudadano y el deber de informar del gobierno.
230 instituciones fueron evaluadas entre enero y marzo 2025, de las cuales 211 obtuvieron entre 85-100 puntos, demostrando un alto compromiso institucional con la transparencia.
Por primera vez un gobierno emite un decreto que sanciona el incumplimiento de la transparencia (No. 166-25), el cual será aplicado a partir de septiembre y que establece la pérdida de beneficios extraordinarios y sanciones administrativas.
Asimismo, mediante el Decreto no. 791-21 las antiguas Comisiones de Ética Pública evolucionaron a Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento que operan desde dentro de las instituciones.
Faltas administrativas más comunes, denuncias y tiempos de respuesta
Entre 2020 y 2025 se enviaron 287 expedientes al Ministerio de Administración Pública por abuso de poder, acoso o maltrato laboral, nepotismo y duplicidad de funciones. Se remitieron 49 casos al Ministerio Público con un tiempo de respuesta promedio de 55 días, agilizando así los 90 días que se establecen en el manual. En estos procesos ha sido clave el involucramiento ciudadano, cuyas denuncias han dado paso a muchas investigaciones, aunque no todas resultan en sanciones.
Unidad Antifraude
La Unidad Antifraude de la Contraloría General, fundamentada en la prevención y la investigación, realizó, entre 2021 y 2024, 368 colaboraciones con la Procuraduría General, 31 acciones de prevención, 20 análisis financieros forenses y 72 análisis de denuncias.
Su éxito se debe a la robusta base de datos de la institución matriz y a la sinergia con demás órganos de control y persecución de la corrupción. Con el decreto 382-25 quedó formalizada como mecanismo preventivo técnico concebido para perdurar en el tiempo.
Procuraduría General de la República
En cuanto a persecución de la corrupción, existe mayor independencia y capacidad de actuación, permitiendo a la DGCP y la Unidad Antifraude procesar más de 600 solicitudes del Ministerio Público, existe además una coordinación efectiva entre los órganos de control y el Ministerio Público, para que los informes de auditoría se traduzcan en acciones judiciales concreta.
Como resultados tangibles, se han llevado a la justicia, en este y otro gobiernos, los casos Calamar, INTRANT: Pago RD, sobornos para temas de seguridad, agricultura, asfalto, CESTUR, Operación 13, MINERD e INAIPI (estos dos últimos en investigación).
Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
En el área de prevención ha bloqueado la corrupción antes de que ocurra, con un monitoreo preventivo que permitió la supervisión de más de RD$853 mil millones para prevenir irregularidades antes que afecten al Estado.
Más de 517 procesos de compras sospechosas se cancelaron o detuvieron, protegiendo más de RD$43 mil millones y se han emitido 112,000 alertas a instituciones públicas para frenar comportamientos riesgosos.
También se implementó el Programa de Cumplimiento Regulatorio en 30 instituciones claves, cubriendo el 85% del presupuesto público, para mejorar la vigilancia y la rendición de cuentas en las compras del Estado y obligar la revisión de la integridad de los proveedores con 135 informes para evitar riesgos.
Los controles de tolerancia cero a la impunidad, han facilitado la suspensión de 567 proveedores por estar impedidos legalmente de contratar con el Estado, otros 144 fueron inhabilitados por fraude documental y violaciones graves a la ley. Se han emitido más de 618 respuestas a entidades de control y entregado 3,900 certificaciones a procesos investigativos y 13 casos han sido llevados ante el Ministerio Público.
La proactividad se pone de manifiesto con 16 investigaciones iniciadas sin necesidad de denuncias externas, suspendiendo 12 procesos y anulando 35, por un valor superior a RD$6,500 millones. Hay un 93% de respuestas a las solicitudes de reclamaciones con 0% de silencio administrativo; un 88% de éxito en la defensa ante el Tribunal Administrativo y 100% de éxito ante demandas temerarias de responsabilidad patrimonial.
Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP)
Este se creó mediante decreto en 2021 con respaldo presidencial e interés nacional para recuperar los bienes sustraídos al estado mediante acciones legales y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Cuenta con una estructura ágil, enfocada en resultados y sin carga presupuestaria directa al estado, es decir, sus integrantes cobran solo si recuperan activos.
El equipo está formado por expertos en derecho penal, administrativo, empresarial, civil y de ejecución. Funciona con autonomía, sigilo y respeto a los procesos judiciales y al rol del Ministerio Público y bajo un marco jurídico claro y resistente a impugnaciones. El coordinador de ese equipo. Jorge Luis Polanco, renunció para irse a defender a los dueños de la discoteca Jet Set donde murieron 238 personas y más de un centenar resultaron heridos.
Los logros financieros en este sentido son más de RD$6,500 millones ya recuperados (RD$3,500 millones en recuperación directa y RD$3,000 en caso EDES). Mientras, hay más de RD$130,000 millones en casos en curso, implicando una mejora en los indicadores de percepción sobre corrupción y fortaleciendo la confianza ciudadana y cambio cultural en la defensa del patrimonio público.

