Abogados depositan instancia en Procuraduría contra ejecuciones policiales
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso ha sido emplazada a despertar del letargo de su silencio ante las alarmantes ejecuciones policiales que han enviado a los cementerios a decenas de jóvenes, alegados delincuentes, en los renovados «intercambios de disparos» que coinciden con el fracaso de la Reforma de la Policía Nacional.
Este lunes un grupo de juristas acudió a la sede del Ministerio Público para llamar la atención de la funcionaria que se ha referido a todo, menos al desbordamiento de las muertes a manos de los gatillos alegres del Dicrim, el organismo policial que siempre ha operado como un «equipo» envuelto en no pocos escándalos.
Los abogados están pidiendo una inmediata investigación sobre las muertes masivas registradas en operativos policiales.
En la solicitud se incluye la separación temporal de sus funciones tanto de los agentes del DICRIM y fiscales involucrados, como del propio director de la Policía a través del Poder Ejecutivo, mientras duren las investigaciones.
En una instancia legal depositada ante el órgano de persecución, los abogados Carlos Balcácer, Cándido Simón, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ven, Ibo René Sánchez y Valentín Medrano, exigen esclarecer las circunstancias de al menos 47 jóvenes y adolescentes abatidos en presuntos “intercambios de disparos” entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre.
La instancia detalla que, mientras en los 42 días previos al cambio de mando se registraron un máximo de 14 muertes, la cifra se incrementó a 47 abatidos en los primeros 42 días de la nueva gestión al frente de la Policía Nacional, lo que representa un promedio superior a un fallecimiento por día.
Cuestionan que estas muertes sean presentadas como “actuaciones legales” sin previa investigación exhaustiva e independiente que incluya análisis de autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales, actas procesales y testimonios presenciales y de familiares.
Asimismo solicitan que se examine el alcance jurídico de las declaraciones relacionadas con la denominada “posición 29” atribuidas al director general de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, con el fin de establecer si existe alguna responsabilidad jurídicamente comprometida.
De igual forma acusan a los fiscales de apoyar o encubrir los hechos al levantar las actas que intentan justificar “falsas legítimas defensas”, incurriendo en coautoría o complicidad.
Piden a la PGR asumir la investigación por medio de sus órganos competentes para determinar responsabilidades penales ante lo que califican como “ejecuciones sumarias”.
Para eso exigen la designación de un equipo fiscal independiente y advierten que, si no se realiza una investigación efectiva, los firmantes se reservan el derecho de acudir ante otras instancias nacionales e internacionales.