Abogados protestan contra vigencia Ley crea la nueva DNI
Abogados y drigentes de organizaciones sociales se movilizaron este viernes en una protesta que partió desde el Parque Independencia contra la Ley 01-24 que crea la cuestionada Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El doctor Miguel Surun Hernández, saliente presidente del Colegio de Abogados encabezó la marcha que fue interceptada por agentes policiales.
El dirigente gremial denunció que esa ley autoriza la interceptación extrajudicial de las comunicaciones telefónicas y electrónicas y sanciona a todo aquel que no entregue la información requerida al DNI.
«Nos encontramos ante un grave riesgo para periodistas, abogados, médicos y sacerdotes, obligados a entregar información al DNI, pues la ley 01-24 constituye un atentado contra el derecho fundamental de libertad de expresión y acceso a fuentes de información, el derecho a la intimidad, el secreto profesional del abogado, del médico, la libertad de empresa y el principio de transparencia del Estado, afectando así el principio de separación de los poderes públicos», manifestó Surun.
Dijo que esta ley viola los artículos 4, 7, 8, 44, 49, 50, 51, 69, 70, 74, 169 y 138 de la Constitución Dominicana.
Surun Hernández advirtió que lo más peligroso de la legislación radica en el artículo 26, que consagra que periodistas, abogados, médicos, bancos, telefónicas y todo ente privado o público que no entregue información será condenado de 2 a 3 años de cárcel.
«La Policía Nacional es una policía de actualidad política está trabajando para reprimir a la oposición única y exclusivamente, vino preparada para reprimir la libertad de expresión porque esas son las órdenes directas de Luis abinader. Todas las instituciones están al servicio de la reelección corrupta que utiliza los bonos navideños, una reelección que está en contra de la expresión», señaló Surun.
«Con esto termina el secreto profesional del abogado, la cláusula de conciencia del periodista, el secreto de los archivos médicos, el secreto bancario y el secreto de las telecomunicaciones, institucionalizando así el caliezaje de Estado, todo al margen del debido proceso y sin fiscalización de un juez», enfatizó el jurista.
Señaló que igualmente se legitiman las viejas prácticas de interceptación telefónica y espionaje electrónico a opositores y comunicadores, al tenor del artículo 9, numeral 6,de dicha ley, que autoriza al DNI a escuchar y espiar las comunicaciones electrónicas de quienes, a juicio del director, sean de interés.
«No puede haber una ley que instituya una verdadera dictadura de información al mejor estilo de Augusto Pinochet o Trujillo, donde se despoja al Ministerio Público de su rol de jefe de la investigación penal, y se constituye al DNI como amo y señor de la persecución penal de opositores», agregó.