Advierten severos daños explotación de la Barrick Gold
Un grupo de entidades y organizaciones se manifestaron frente a las oficinas principales en la capital de la empresa Barrick Gold para denunciar el drama de muerte que viven las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna, Jurungo, Jobo Claro y El Naranjo, a consecuencia del desastre ambiental y humano que impone la explotación minera a cielo abierto que desarrolla la minera en la provincia Sánchez Ramírez.
Asimismo, advierten sobre el peligro que amenaza con arrasar y sepultar las seis comunidades, de producirse cualquier colapso del actual relave de lodos tóxicos conocido como El Yagal, que almacena ya millones de toneladas de lodo tóxico del viejo embalse de relaves.
La representación de las seis comunidades directamente dañadas por la minera y abandonadas totalmente, explican que el gobierno y la Barrick han tenido que asumir la necesidad urgente de la reubicación de las comunidades y ahora con mucha más urgencia cuando hablan de la ampliación de la explotación minera y de la instalación de un nuevo embalse de relaves tóxicos o nueva presa de cola.
Denuncian que “Además de abandonar a su propia suerte a las comunidades, se ha incumplido el compromiso y la promesa de su reubicación después de que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, se comprometió a sanear la situación poblacional de la zona, para responder posteriormente a la reubicación de las comunidades, con base en un estudio censal a cargo de una empresa independiente, que el propio gobierno financió.
Expresan las organizaciones que Barrick Gold viola la ley 6400 de medio ambiente y entra en conflicto con reglamentaciones y convenios internacionales que prohíben la existencia de comunidades en los perímetros correspondientes a las áreas de explotación, violan los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales, como estipulan los convenios relativos a las explotaciones mineras y “Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera”.
Reafirman es sus declaraciones que “Son la Constitución de la República y las leyes especiales las que obligan al gobierno y a la minera para que reubiquen todas las comunidades, para conjurar el riesgo que supone la posibilidad de un desastre ante la posibilidad real del eventual colapso del denominado muro de la muerte, que de producirse sepultará nuestras comunidades y constituirá la culpa eterna de la irresponsabilidad gubernamental y de una empresa insaciable como Barrick Gold PVDC”.
Las entidades que realizaron la protesta ante las oficinas central de Barrick Gold en la República Dominicana, insisten en que las comunidades La Piñita, La Cerca, La Laguna, Jurungo, Jobo Claro y El Naranjo, si no son reubicadas, están condenadas a muerte y que las autoridades del gobierno y la empresa minera saben que la vida en esa zona es imposible.
Citan como principal testimonio que después de la desaparición o cierre de todas las cañadas y correntías, en envenenamiento de ríos y arroyos se ha provocado un severo daño al lago más grande de agua dulce del Caribe, que esla Presa de Hatillo.
El testimonio más claro y preciso del desastre humano y ambiental, es el hecho de que desde hace más de 7 años, toda el agua que utilizan las más de 450 familias que habitan la zona, tiene que ser servida primero por la empresa minera y desde hace mucho tiempo por el gobierno” indican las entidades.