Alberto Collado Núñez: Atrapado entre la delincuencia común y judicial

La vida de este mecánico de profesión, residente en Santo Domingo Este, le cambió desde que tres delincuentes penetraron a su casa y le robaron su pistola, más de 40 mil pesos en efectivo, todas las prendas, suyas y de su esposa, y otros bienes valorados en cientos de miles de pesos.
El arma que portaba de manera legal fue encontrada en poder de un hombre que trabaja con el diputado de Nagua Napoleón López Rodríguez (El Puma), pero luego de un largo proceso judicial, numerosos viajes, y cuando creía el caso resuelto, el Fiscal de la Provincia María Trinidad Sánchez, se niegan a entregársela.
La situación por que atraviesa Collado Núñez, no difiere mucho de la que padecen cientos de familias dominicanas, víctimas de la delincuencia, con el agravante de que la justicia, que se supone creada para resarcir a las víctimas, se revierte en su contra.

El hecho ocurrió hace tres años, pero cada día que pasa se torna más complejo y difícil de resolver.
Recuerda que como de costumbre, salió a la puerta de su casa a las 5:00 de la mañana con la intención de despedir a su esposa quien se marchaba a su lugar de trabajo.
Momentos después se dirigió a su taller, como lo hace por los últimos 40 años, para levantar a su familia de tres hijos.
Al quedar la vivienda deshabitada, pues sus hijos ya son adultos, narra que, al poco rato, sus vecinos vieron detenerse frente a su casa una jepeta, de la cual se desmontaron dos hombres, quedando un tercero dentro del aparato, sin sospechar que se disponían a violentar tres puertas de su residencia, con la intención de penetrar a robar.
En efecto, los delincuentes desprendieron una caja fuerte, empotrada en el piso, en la cual guardaba: una pistola marca Carandai 9 milímetros, que portaba con licencia completamente al día, recibo de compra, varios relojes de oro, cadenas y otras prendas, más 40 mil pesos que guardaba para las emergencias propias del hogar. Los ladrones también cargaron con cuatro televisores plasmas y otros efectos de la casa.
Como lo hace cualquier ciudadano víctima de una agresión a su propiedad, Alberto se dirigió al destacamento de la Policía más cercano, el de Villa Faro, para hacer la denuncia correspondiente, pero, como ocurre en otros casos, nunca recibió un mínimo de respuestas de los agentes.
Pasaron los días y le informaron que el 2 de septiembre del 2019 atraparon en la comunidad de Rincón del municipio de Nagua a un sujeto identificado como Joel Candelario Ortiz, de 34 años de edad, portando su pistola. Suerte que la había reportado como robada, pues de lo contrario, su vida se le hubiera complicado hasta más no saber.
Le informaron que debía presentarse a los fines de testificar contra el apresado e identificar como propio el objeto robado. El juez dictó prisión preventiva como medida de coerción contra Joel Candelario por delito de porte ilegal de arma de fuego y otras violaciones al Código Penal.

Sin embargo, y ahí es cuando el tema se torna complejo, el detenido confesó a las autoridades que trabajaba para el diputado de la provincia María Trinidad Sánchez, Napoleón López Rodríguez, popularmente conocido como El Puma, quien ni corto ni perezoso desarrolló ingentes esfuerzos para que le entregaran al detenido y la pistola que portaba, aún tuviera el impedimento de haber sido un objeto robado.
Por suerte que las presiones del poderoso legislador no surtieron efecto y el detenido, hasta donde sabe Alberto, cumplió su medida de coerción.
No se ha podido determinar la propiedad de la jepeta utilizada para llevar a cabo el robo, y si el tal Joel Candelario era el tercer hombre, que se mantuvo en el vehículo, mientras los demás penetraban a la vivienda para cometer el robo.
La situación tomó un giro aún más preocupante para Alberto, ya que frecuentemente debe suspender sus labores cotidianas en su taller para asistir a las audiencias que se desarrollan en el Palacio de Justicia de Nagua, gastando más de 30 mil pesos en combustibles y gastos de alimentación, más los gastos propios del trámite judicial, además exponiéndose a los riesgos de enfrentar la posible banda de delincuentes que violentó su hogar.
Lo peor es que, a pesar de que está debidamente comprobado que la pistola ocupada está registrada a su nombre y que cumplió con todos los requisitos legales para portarla, el fiscal de la provincia María Trinidad Sánchez, licenciado Víctor Manuel Moreno Peguero, se niega a entregársela», alegando que el Estado Dominicano había decidido incautarla.
Collado presume que alguien le interesa quedarse con el arma con la cual brinda un mínimo de protección a él y su familia.
Ahora su lucha es contra quienes decidieron incautar el arma, para lo que debe incoar acciones legales para hacer valer sus derechos.
Adicional a lo que representa el monto de los objetos robados, Alberto Collado Núñez, enfrenta el dilema de quedar desarmado a riesgo de lo que hagan los delincuentes o adquirir un arma ilegal para protegerse de los delincuentes.
También lamenta la disfuncionalidad de las instituciones porque si el tribunal falló a favor, para que le entreguen el arma y los objetos sustraídos, cómo otra instancia del gobierno, en este caso el Ministerio Público de María Trinidad Sánchez desacata esa decisión y opta por apropiársela.
De todos modos, la situación de desamparo legal a que se exponen Alberto y cientos de ciudadanos, víctimas de la delincuencia, se ha tornado en un problema fundamental para los dominicanos, hasta el punto de convertirse en un tema de mucha influencia en los venideros comicios.
Audio del señor Alberto Collado Núñez, donde narra por lo que está pasando:

