Allanamientos sorpresivos contra médicos a quienes ligan con fraude Senasa
La procuraduria general de la República desplegó este viernes un operativo en el que han sido apresados médicos y ejecutivos de clínicas privadas como parte de las investigaciones del fraude en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Unos 22 médicos fueron apresados durante allanamientos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra profesionales de la salud y centros médicos vinculados al denominado caso SeNaSa 2.0, la segunda etapa de una investigación sobre presuntas estructuras que habrían utilizado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para desviar recursos públicos mediante diferentes
Cientos de agentes policiales y fiscales se encuentran diseminados realizando allanamientos en residencias y propiedades de los médicos y otros incluidos en el expediente que se ha elaborado en la segunda fase del escandaloso caso de corrupción del Senasa.
Ramón Santos, abogado de una doctora cirujana, explicó que se trasladó a la sede del Ministerio Público después de que la residencia de su representada fuera allanada alrededor de las 5:15 de la madrugada en Santo Domingo Este.
El jurista indicó que fue informado del operativo por el esposo de la doctora, quien le comunicó que fiscales se encontraban en la vivienda y que posteriormente la profesional de la salud fue detenida.
«Actualmente desconocemos cuáles son los motivos. Hasta las 9:00 de la mañana no hemos podido contactarla porque el Ministerio Público no nos lo ha permitido», expresó Santos.
El abogado prefirió mantener en reserva la identidad de la profesional de la medicina y el centro donde trabaja hasta conocer formalmente las actuaciones del Ministerio Público en su contra.
También acudió a la Procuraduría el abogado Gerardo Rivas, representante de un médico pediatra que fue detenido durante los operativos.
Rivas señaló que recibió alrededor de las 5:00 de la madrugada una llamada en la que le informaron sobre el arresto y que posteriormente se trasladó a la PGR para conocer la situación de su representado.
«La información que se tiene hasta ahora es que está ligado al caso Senasa. Sin embargo, hasta ahora no tengo a mano ninguna información que me permita verificar por qué a él lo estuvieron allanando, pero estamos a la espera», sostuvo.
Las declaraciones de ambos abogados se producen mientras el Ministerio Público mantiene bajo reserva los detalles de la nueva fase de la investigación y las imputaciones individuales contra las personas arrestadas.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) desplegó desde la madrugada allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país vinculados con la investigación denominada Senasa 2.0.
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, confirmó la ejecución de los allanamientos, mientras que informaciones preliminares indican que los operativos alcanzaron centros relacionados con servicios de salud.
Hasta el momento, se reportan al menos 29 personas detenidas, en su mayoría médicos. El Ministerio Público todavía no ha divulgado oficialmente la identidad de todos los arrestados ni las imputaciones específicas que les atribuye.
La falta de esa información es uno de los aspectos señalados por los abogados que comenzaron a llegar este viernes a la Procuraduría para asistir a los profesionales detenidos.
Los operativos forman parte de la investigación por el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuyo primer grupo de imputados fue judicializado a finales de 2025.
El expediente inicial incluye al exdirector de Senasa Santiago Hazim, antiguos funcionarios y empresarios vinculados comercialmente con la aseguradora estatal.
A principios de septiembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó al Ministerio Público una nueva prórroga, hasta el 11 de diciembre, para concluir las investigaciones y presentar la acusación contra el primer grupo de procesados.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, había advertido que la investigación continuaba abierta y que el análisis de las operaciones y documentos podía conducir a la identificación de otras personas vinculadas al caso.