Ambientalistas denuncian robo de áreas protegidas
Casi un centenar de organizaciones ambientalistas del país manifestaron su preocupación por los daños que se están provocando a los rios y bosques, así como los proyectos mineros que amenazan zonas protegidas comprometiéndose en la lucha en defensa de los recursos naturales.
Las entidades que también procuran acompañar en los reclamos de comunitarios relativos a servicios ambientales.
“Asumimos la línea de acompañarnos mutuamente en los procesos, aspectos de formación y el apoyo logístico, además hacer inventarios tanto de las luchas sociales como ambientales a los fines de construir una agenda común”, puntualizó el ambientalista Luis Carvajal.
Entre las entidades preocupadas por la degradación ambiental, la disminución de la biodiversidad y otros males ambientales figuran la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Asociación Nacional de Lucha por el Derecho Humano al Agua, el Consejo de Organizaciones Populares, y la Sociedad Ecológica del Cibao, entre otras.
En el encuentro en la facultad de Ciencias de la Salud en la UASD, las entidades acordaron dar seguimiento a procesos como Boca de los Dos Ríos, el problema de las granceras en Las Placetas, así como crear un equipo jurídico de apoyo para impulsar los proyectos.
l ambientalista Luis Carvajal informó que las entidades convocantes entienden que la degradación ambiental, la disminución cuantitativa y cualitativa de la biodiversidad y la pérdida del carácter patrimonial de bienes comunes y servicios ambientales perjudican a las comunidades y dificultan su acceso a servicios ambientales como el agua, la productividad de los suelos, la calidad del aire y el disfrute de los ecosistemas naturales y sus servicios.
Citó como los principales problemas ambientales: “la falta del ordenamiento del territorio, la ocupación de áreas protegidas de gente que se la está robando, y está mal manejando poniendo en peligro las aguas, el impacto de la minería, las amenazas de las concesiones mineras, las macro obras de inversión ilógicas que en vez de beneficiar a la población va a perjudicarla.
También cita el proceso de privatización y degradación de la base de recursos, incluyendo del agua, la degradación de todos los ecosistemas y lo más grave, una falta de política de Estado que defienda tres cosas: el carácter patrimonial de los recursos, la integridad de los miembros y el hecho de que la población pueda disfrutar de los servicios ambientales”.