Apagando el fuego con jarritos

Por Miguel Ángel Núñez
Aunque los cambios o rotaciones de funcionarios que hizo el presidente Luis Abinader no afectan a los grandes ministerios, ni a direcciones generales de gran nombradía, si involucran a las instituciones que manejaron los mayores volúmenes de recursos públicos durante los últimos cinco años, para cubrir servicios orientados a suplir necesidades de las grandes mayorías desposeídas.
Me refiero al SENASA, la ARS de los pobres, con más de siete millones de afiliados, e INABIE donde se transa el grueso del 4 por ciento del Presupuesto para solventar las necesidades logísticas de más de dos millones de estudiantes del sector público: En lo que se ha invertido dos billones de pesos del 2012 al 2024.
La medida también incluye al administrador del Banco de Reservas, la principal institución financiera y al administrador del PROMESE que administra la mayoría de los medicamentos que suple el Estado para asistir a los pacientes pobres.
El país fue testigo de que gran parte de los incumbentes afectados con el decreto presidencial fueron piedra de escándalos que colocaron la imagen del gobierno en las peores condiciones, justamente cuando sus estrategas se disponían a celebrar, “con bombos y platillos” los cinco años del PRM en el poder.
Entre otras cosas se acusa a los ex funcionarios de suscribir contratos en condiciones muy lesivas al interés nacional.
Pero también, funcionarios que mostraron un pésimo manejo gerencial, que llegó a comprometer servicios tan vitales como la salud de la mayoría de la población, de dominicanos de precaria condición social y económica, en especial el exdirector del Servicio Nacional de Salud (SENASA) Santiago Hazim y del
Instituto Nacional Bienestar Estudiantil (INABIE) Víctor Castro.
Vale destacar que el INABIE, hasta que fue aprobado por ley un aumento del cuatro por ciento del Presupuesto Nacional a Educación, era una cenicienta dedicada a atender las pequeñas responsabilidades del sistema, para convertirse en el objeto del deseo de políticos de ocasión y asaltantes del erario.
El vórtice de la crisis del INABIE estalló cuando la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas canceló unos 25 contratos, para la compra de zapatos, mochilas y uniformes para estudiantes, argumentando diferentes vicios legales y procedimentales, con la intención de beneficiar a supuestos adláteres del partido en el poder y concusión.
Alegó que, cancelando estos contratos, Compras y Contrataciones, impedía que la mitad de los estudiantes acudieran a las aulas, faltando apenas dos semanas para la apertura del año escolar, el director del INABIE fue dejado, como dice la expresión popular, “como jaiba sin patas”, solo a la espera de una segura destitución. De hecho, adelantó que siempre tenía su escritorio recogido.
Todo el desastre administrativo y gerencial lo grafica el hallazgo de toneladas de leche pasada hallada en unos matorrales de Santo Domingo Norte, o la destrucción de miles de zapatos, cuyos destinatarios debieron ser niños necesitados de cualquier punto del país
La propia propaganda del gobierno sostuvo en el 2024, en medio del furor reeleccionista, que INABIE estaba recibiendo 33 mil millones de pesos, más recursos que 18 Ministerios.
En lugar de Castro, que había llegado al gobierno cubierto por el manto de la marcha verde, fue posesionado Adolfo Pérez, un empresario de las motocicletas, que se había desempeñado como director del PROMESE, cuya gestión tampoco ha estado exenta de conflictos.
Días antes de su remoción reconoció que los almacenes de PROMESE CAL estaban repletos de medicamentos, pero que no eran distribuidos en los centros del gobierno, por falta de Presupuesto, como si la salud de los dominicanos estuviera en condiciones de aguardar por trámites burocráticos.
Sobre Hazim en SENASA se critican inconsistencias gerenciales que imposibilitaban las operaciones de la ARS, como gestora de la de salud del sector público.
No obstante, hay quienes advierten la ocurrencia de otras irregularidades que comprometen la compra de bienes y servicios del SENASA.
Si hablamos del volumen invertido a través del SENASA, en los últimos años, se trata de más de 60 mil millones de pesos, solo en el 2024, un monto que los promotores de la gestión de gobierno se jactaban de calcular en 248 por ciento más que los anteriores gobiernos.
El país cuestiona cómo en solo a un año de tanta bonanza económica: “248 por ciento más que las anteriores”, el presidente Luis Abinader, atinó en reconocer que “ no existían tales crisis en el SENASA, que si se buscan los fondos ya no había crisis”, lo que lleva al público a preguntar dónde fue a parar un monto de tal holgura, si en solo un año, los pacientes no disponen de una aspirina para calmar un dolor.
Hoy día en la República Dominicana se respira un clima de insatisfacción debido al deterioro de los servicios de salud, educación, seguridad pública, agua, energía eléctrica y carencias de otro tipo.
A pesar del escándalo que atizaron estas remociones, la población no confía en que se lleve a los tribunales a sus promotores, ni a los que se beneficiaron tras bastidores del manejo turbio que estos propiciaron, ya que no ha sido una tradición de estas autoridades procesar a funcionarios que incurren en maniobras dolosas.
La lista de procesables es amplia y solo el ex administrador de la Lotería Navional, Maicichel Disen fue procesado y absuelto, tres meses después, sin ninguna consecuencia.
Las interioridades de los motivos de las demás remociones, es decir del Administrador del Banco de Reservas Samuel Pereyra, el principal banco comercial del país propiedad estatal y el presidente Refinería Dominicana de petróleo(REFIDOMSA) Leonardo Aguilera, de OMSA prometemos hacerlo en sucesivas entregas.


El país fue testigo de que gran parte de los incumbentes afectados con el decreto presidencial fueron piedra de escándalos que colocaron la imagen del gobierno en las peores condiciones, justamente cuando sus estrategas se disponían a celebrar, “con bombos y platillos” los cinco años del PRM en el poder.
A pesar del escándalo que atizaron estas remociones, la población no confía en que se lleve a los tribunales a sus promotores, ni a los que se beneficiaron tras bastidores del manejo turbio que estos propiciaron, ya que no ha sido una tradición de estas autoridades procesar a funcionarios que incurren en maniobras dolosas.