Aplazan para el domingo coerción imputados Operación Calamar
La jueza Kenya Scarlet Romero, coordinadora de de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el domingo el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la denominada Operación Calamar.
El aplazamiento fue para dar oportunidad que la defensa técnica de los acusados pueda evaluar el contenido de la solicitud planteada por el Ministerio Público respecto a sus asistidos.
Entre los principales implicados en el caso de corrupción figuran los exministros de Obras Públicas, Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
En la audiencia el tribunal constató que todas las personas investigadas y sus defensas técnicas fueron notificadas en la mañana de hoy de la instancia de solicitud de imposición de medida de coerción depositada por el Ministerio Público.
Asimismo, ordenó a la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios habilitar espacios idóneos que permitan a la defensa técnica hacer de conocimiento de las personas imputadas la solicitud conforme el derecho de defensa.
El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de proceso complejo.
El Ministerio Público estuvo representado por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso; el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho; la procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz; Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Marinel Brea, Héctor García y Andrés Mena.
Igualmente ordenó que dada la entrega en forma digital de los elementos de prueba que sostienen la solicitud le sean permitidas a las defensas acceder con dispositivo electrónico que permita revisar dichos elementos con las personas imputadas.
El expediente elaborado por el Ministerio Público contiene más de dos mil páginas y los abogados de la defensa lo recibieron incluso después de que la Procuraduría General de la República lo filtrara a determinados medios de comunicación.