Apuran trámites para que Antonio Espaillat se vaya para su casa
Mientras 236 familiares todavía lloran sus muertos
Los abogados de Antonio Espaillat, que no han escondido su algarabía al imponer su narrativa ante una jueza que ha obviado la magnitud de la peor tragedia ocurrida en el país (236 muertes en apenas minutos) en el interior de una discoteca, se apresuraban este jueves de Corpus Christi para que el empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel regresen al remanso de su hogar mientras los familiares de las víctimas todavía lloran a sus muertos.
La defensa del empresario propietario de Jet Set procuraban que a más tardar este viernes, Antonio y Maribel salgan del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, victoriosos al no lograr que se mandaran para Najayo.
Jorge Luis Polanco, el abogado que renunció a la bien remunerada comisión designada por el presidente Luis Abinader para «recuperar el patrimonio público» en los casos de corrupción que se ventilan en los tribunales, era quien dirigía esas diligencias este jueves.
A ambos propietarios de la colapsada discoteca Jet Set les fue impuesta la madrugada de este jueves el pago de una fianza de 50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica mientras avanza la causa judicial que enfrentan.
Aunque la magistrada ordenó una fianza de 50 millones de pesos como medida de coerción, los imputados solo tendrían que desembolsar entre un 7% y un 10% de ese monto, lo que representa entre 3.5 y 5 millones de pesos, a través de un contrato con una empresa aseguradora. El trámite se realizaría este viernes entre la aseguradora y el abogado de los acusados.
«En el día de hoy, (por ser un día feriado) la oficina de la Procuraduría Fiscal está cerrada para los trámites administrativos, por lo cual entiendo que ese trámite se agotará en el día de mañana», explicó Polanco.
A los hermanos se les imputa cometer homicidio involuntario, y golpes y heridas involuntarias, en perjuicio de las 236 personas muertas y las más de 180 heridas por el desplome del techo de la discoteca Jet Set Club, el pasado 8 de abril.
La defensa de los Espaillat consideró que la decisión de la jueza Fátima Veloz sobre la coerción se ajustó a los presupuestos presentados durante la audiencia que duró más de 12 horas, lo que derivó en la imposición de una coerción que no incluye prisión preventiva ni domiciliaria, como había solicitado el Ministerio Público.
Polanco señaló que, en este tipo de audiencias, se evalúan las posturas del Ministerio Público y de la defensa, y que el objetivo principal era determinar si existía peligro de fuga o si se podía obstruir la investigación.
«Sobre esas dos bases, la decisión fue que realmente no era necesario estar en un estado de prisión preventiva mientras se estaba agotando la fase de investigación», añadió.
Ante el anuncio de que el Ministerio Público apelará, Polanco expresó que es un derecho que las leyes establecen.
«Ese es un derecho que la propia resolución ha establecido y que las leyes le confieren a esa institución para, si lo considera de lugar, proceder a hacer», indicó.