Arrodillados ante la consigna «plata o plomo»

El mundo continúa estremecido por el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, a manos de un comando de sicarios pagados, supuestamente, por un cartel del narcotráfico colombiano.
El ataque a Villavicencio se produjo, luego de que, a lo largo de la campaña electoral de Ecuador, y durante su intensa labor como periodista investigador, el político y comunicador, emprendiera una cruzada de denuncias, en las que alertaba sobre el peligro de la penetración del narcotráfico en la política y de paso, en las instituciones públicas y la vida de ese país suramericano.
Lo ocurrido en Ecuador con este atentado criminal, es una muestra de que el narcotráfico sigue siendo el más violento y despiadado de los actos delictivos que ocurren en el mundo, y que estas organizaciones criminales son fieles a la consigna de «plata o plomo».
Quiero hacer notar que la violencia criminal del narcotráfico en América Latina supera con creces a la de cualquier parte del mundo, incluso en Italia, donde surgieron las mafias, dedicadas al tráfico de armas, bebidas alcohólicas y las drogas, el secuestro de políticos y empresarios.
El asesinato de Villavicencio engrosa una lista de personalidades que pagaron con su vida el haber enfrentado el narcotráfico con la única arma que portaban: La palabra.
Resaltan los excandidatos Luis Carlos Galán de Colombia en 1989 y Luis Danaldo Colosio, de México en 1994.
Las estadistas son escalofriantes: En México, los cárteles del narcotráfico han asesinado a 45 periodistas por denunciar los desmanes de estas bandas, así como candidatos a distintas posiciones públicas, durante seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De Colombia, es ampliamente sabido que es el principal productor y exportador de cocaína procesada del mundo, y aunque los niveles de violencia que prohíja este delito lucen atenuados por el momento, este país durante los años 80 y 90, bajo el dominio de los carteles de Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuelas, se dio a conocer por generar altos volúmenes de riqueza, a través del narcotráfico y su cultura del miedo y del terror. Literalmente convirtieron a Colombia en un río de sangre, en el que sus víctimas predilectas fueron jueces, fiscales y por supuesto, periodistas.
Otros casos de violencia imparable del narcotráfico lo encontramos en Haití, país calificado de narco-estado, en el cual unas 200 bandas armadas secuestran y asesinan a políticos y empresarios, como hace un año ocurrió con el presidente Jovenel Moise.
Tanto poder han acumulado estas bandas que tres potencias internacionales, más la Organización de las Naciones Unidas, no encuentran una solución para apaciguar tanta violencia criminal alimentada por los enormes recursos que le proporciona el narcotráfico, tráfico de armas y otros crímenes, en un territorio de apenas 27 mil 750 kilómetros cuadrados, arrasado por la sequía y la miseria.
Los especialistas en el tema coinciden en que, donde quiera que opere el narcotráfico lo hará con las mismas características, sobre todo, cuando no se cumple con sus exigencias, su comportamiento seguirá siendo el mismo de violento y despiadado.
En República Dominicana, el narcotráfico es el caldo de cultivo para que la delincuencia y la criminalidad se erijan como el peor problema que afrontan los dominicanos, con una presencia cada vez mayor de elementos del narcotráfico en la actividad política.
Por el momento se habla de seis diputados acusados por organismos internacionales de formar parte de carteles de la droga y de haber financiado sus respectivas campañas y la de otros congresistas con dinero proveniente del narcotráfico.
Precisamente en la ciudad de La Vega se ventila un juicio por lavado de más 3 mil millones de pesos a la diputada del PRM Rosa Amalia Pilarte, como parte de una red que encabezaba su esposo Micky López y sus tres hijos, uno de los cuales se alzó con la mayor cantidad de votos para ganar una regiduría por su partido en la provincia.
La cercanía de esta familia con el gobierno ha generado muchos comentarios, por las muestras de empoderamiento que estos exhiben.
Por lo menos tres periodistas que se refirieron a López y a su esposa la diputada, ambos imputados de narcotráfico y lavado de dinero, fueron citados a una inusual reunión en la Procuraduría General de la Republica, encabezada por la directora de Persecución Yeni Berenice Reynoso, donde recibieron «garantías» de que no serán molestados por éste, al emitir sus opiniones.
Se trata de un comportamiento calificado de complaciente, pues no se concibe que una persona que ejerza su derecho legítimo ante el país, tenga que ser expuesta por la autoridad ante un imputado del narcotráfico, que por demás había proferido palabras amenazantes contra los informadores públicos.
La sagacidad del flagelo del narcotráfico en las instituciones sigue siendo motivo de gran preocupación de los dominicanos, obligando a que varios de ellos hayan sido extraditados a Estados Unidos, entre estos a Miguel Gutiérrez y tres de sus primos, así como el dirigente del partido en el poder por el municipio de Padre las Casas, de Azua Yamil Navarro.
Como parte de la llamada Operación Falcón se incluye al exdirector de Comunidad Digna Juan Maldonado Castro y su esposa la diputada por El Seibo Faustina Guerrero Cabrera, los diputados Nelson Marmolejos Gil, Héctor Darío Feliz y Feliz, todos implicados en la red de narcotráfico y lavado que dirigía el hoy prófugo de la justicia, Eric Randhiel Mosquea Polanco.
Vale la pena subrayar en este trabajo que el bajo mundo de los estupefacientes y los conocedores del tema, catalogan a RD como puente de las drogas que tienen como destino final a Estados Unidos y Europa.
No obstante, aseguran que cuando el país sea tomado como «almacén» y mercado de estupefacientes, podrían desencadenarse crímenes masivos, como los ocurridos el 4 de agosto del 2008, en Paya, Baní, con el asesinato de siete personas, por supuestas desavenencias en el trasiego de un cargamento de cocaína.
Por esta masacre fueron condenados a distintas penas unos 16 individuos, en su mayoría oficiales de la Marina de Guerra Dominicana.
Más recientemente se desató una seguidilla de crímenes en sectores de la periferia de Santiago y otros cuatro asesinatos en otra comunidad de San José de Ocoa, pero a todo lo largo del país se verifica una situación de violencia social en crecimiento, alimentada por el narcotráfico, en muchos casos apoyados por elementos de poder enquistados en las instituciones.