Autor ley de tránsito critica manejo nuevos corredores

El diputado Tobías Crespo, autor de la nueva ley que regula el tránsito y el transporte en el pais, cuestionó la forma en que el gobierno está estableciendo los corredores, entregados a los empresarios que han aumentado los pasajes.

El diputado Tobías Crespo, autor y propulsor de la nueva ley sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial acusó al gobierno de violentar la Constitución en la puesta en funcionamiento de los corredores en distintos puntos de la capital..

Aclara de inmediato que no está en contra de los corredores, sino en la forma en cómo las autoridades están implementando los cambios, que calificó como una estafa.

Explicó que se engaña al no aplicar lo establecido en la ley y tampoco priorizar a sus mayores usuarios, los ciudadanos de a pie.

“Nosotros aspiramos a un servicio de transporte eficiente, donde se ponga en el centro de las políticas públicas al ciudadano de a pie, al pasajero con frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes capacitados, seguridad de que el pasajero va a llegar a su destino sin problemas, además a una tarifa justa”, indicó el legislador.

Crespo criticó que se eleve el pasaje de 15 a 35 pesos, encareciendo el servicio a las personas de escasos recursos, muchos de ellos teniendo que pagar pasajes extras para poder llegar al punto del corredor.

“La OMSA es pública, es del Estado, pero entonces el Presidente  Abinader  se está montando en una guagua privada para favorecer a los privados y saca la Omsa, que cuesta 15 pesos, entonces no están pensando en el ciudadano de a pie”, agregó.

De igual forma, dijo poder demostrar que aún las autoridades no han pensionado a ninguno de los choferes, mayores de 65 años, de la avenida Núñez de Cáceres, como habían prometido.

Denunció que, a fin de establecer un pasaje sombra y pedir subsidios al Gobierno, el sector privado estimó unos 12 mil 500 pasajeros diarios, cuando en verdad “el corredor no llega a la mitad”.

También cuestionó que a finales del 2021 el Gobierno transfiriera unos 50 millones de pesos a un negocio privado, que además compra las guaguas con garantía fiduciaria, a una sola empresa violando la libre contratación.

 

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