Buscan dar viviendas transitorias a quienes no paguen alquileres
El Ministerio de la Vivienda ha propuesto construir casas para las personas que no puedan pagar alquileres, en una modificación de otro controversial proyecto de ley que se conoce en la Cámara de Diputados.
En su propuesta de modificación ese ministerio sugiere que los propietarios de casas cobren una fianza para garantizar el pago de las facturas a las empresas de servicios públicos como energía eléctrica, agua o telecable. Además, busca crear un fondo para destinarlos a casas transitorias disponibles para aquellos que no puedan pagar su renta.
El proyecto de la Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios fue aprobado por la Cámara Baja, el pasado 24 de mayo, en primera lectura.
El MIVHED, dirigido por el ministro Carlos Bonilla, propone a la comisión especial de diputados que estudia la pieza que, al momento de hacer un contrato de alquiler, el propietario “pueda exigir” el pago de la fianza, que en ningún caso excederá el valor de los servicios públicos correspondientes a dos períodos consecutivos de la facturación.
El documento que entregó el Ministerio establece que el propietario “podrá abstenerse” de cumplir las obligaciones del contrato hasta que reciba la fianza para pagar los servicios y dispone que el contrato quedará terminado de forma automática si el inquilino no costea la fianza dentro de un plazo de quince días a partir del momento de la firma del contrato.
Entre los cambios que quiere integrar la entidad al proyecto de ley, busca que el pago de los servicios sea asumido exclusivamente por el inquilino, pero cuando existan atrasos constantes en los pagos de alguno de estos servicios, la empresa afectada podrá exigir al propietario, la fianza que éste recibió cuando se firmó el contrato de alquiler. 
Dentro del grupo de modificaciones entregadas al equipo de diputados, la entidad gubernamental aspira a crear un stock de viviendas para los inquilinos que se vean imposibilitados de pagar el alquiler y que, por ello, deban abandonar las casas que rentaron.
Con esto, el MIVHED se propone proteger a los inquilinos “en su derecho a una vivienda sin afectar las condiciones financieras de los propietarios”, obviando que es responsabilidad del Estado garantizar un techo a sus ciudadanos.
Para esto, aparte de facilitar casas transitorias, la institución habilitará un fondo público de garantías de alquiler y propone un programa para proporcionar apoyo jurídico del Estado a quienes tengan que enfrentarse con propietarios que pretendan desalojarlos.
El MIVHED sugiere al Estado crear incentivos fiscales que fomenten la construcción de casas destinadas al alquiler y que incluyen reducción de impuestos a quienes fijen precios justos, también, deducciones impositivas para quienes mejores estructuras físicas destinadas para negocios e incentivos fiscales a los inquilinos que mantengan sus pagos al día, así como beneficios tributarios para los extranjeros que construyan proyectos de inversión destinados para alquilar.