Camacho: Acuerdo con Maxi Montilla es forma rápida recuperar activos
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho valoró el alcance del acuerdo alcanzado con el empresario Maxi Montilla Sierra, quien devolverá unos tres mil millones de pesos al Estado, como parte de la resolución del caso de presunta corrupción por el que era procesado.
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la resolución del tribunal y aseguraron que refuerza los avances del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad.
«La persecución penal deber ser estratégica: firme en sus convicciones, pero inteligente en sus decisiones. Los acuerdos son una validación de la investigación, son una garantía de sanción y una forma rápida de recuperar activos. Cada peso recuperado es una victoria!» posteó en su cuenta de la red social X Camacho.
La Procuraduría establece en el documento que Montilla Sierra utilizó las empresas como vehículo societario para participar en los procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación a las normativas que regulan las contrataciones del Estado dominicano, «logrando con ello adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público».
El MP informó que impulsó el acuerdo en base al numeral 6, del artículo 370, del Código Procesal Penal, el cual establece la procedencia del Criterio de Oportunidad cuando el caso reúne las condiciones para ser declarado complejo, tal como ocurrió con otras investigaciones.
«Esta disposición faculta al Ministerio Público a solicitar la aplicación de dicho criterio cuando el imputado colabore eficazmente con la investigación, aporte información que permita evitar la continuación de la actividad delictiva o la comisión de nuevas infracciones, contribuya al esclarecimiento de los hechos investigados o proporcione datos relevantes, siempre que la acción penal que se pretende excluir sea considerablemente menos grave que los hechos punibles cuya reiteración se evita», dice el documento.
Montilla acordó con el Ministerio Público el decomiso de 2,000,000 millones de pesos en efectivo a favor del Estado dominicano y otros 1,082,717,999 millones de pesos, para el pago de indemnizaciones y por la expropiación de un terreno.
En total, el acuerdo abarca la suma de 3,082,717,999 millones de pesos.
Se indicó que las distribuidoras eléctricas estuvieron representadas en el proceso por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE).
En este caso «ligaron» una serie de abogados que son utilizados para defender a funcionarios del actual gobierno, ahora en representación de las EDES, entre ellos Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo, indicó el órgano persecutor.