Caso empresario español asesinado y el precipitado cierre de casos en RD

Las presiones de las autoridades de España han evitado que los asesinos de un empresario ibérico se continuaran paseando por las calles de Mao, Valverde y obligó al Ministerio Público y a la Policía Nacional a darle carácter a una investigación que se quiso presentar como un suicidio para cerrar el caso.

Es lo que se desprende del relato del periódico español El País, sobre la muerte en el 2025 del empresario español Antonio Jiménez López, asesinado en la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, provincia Valverde, por lo que se acusa a su mujer y a su entorno.

Según el medio, que se hace eco de declaraciones de los parientes del occiso, El sevillano «temía tanto por su vida» que dejó todos los pendientes «bien atados» antes de embarcarse al país, que sería su último destino, de acuerdo a informaciones divulgada.

Según manifestaron los denunciantes, el empresario se encontraba en proceso de separación de su esposa y mantenía con ella «importantes asuntos económicos y patrimoniales pendientes de resolver». Estas circunstancia, unidas a las dudas sobre lo sucedido durante su estancia en la República Dominicana, llevaron a su círculo más próximo a solicitar la intervención policial para esclarecer lo ocurrido.

Antes de viajar al país caribeño, el fallecido había entregado a personas de su confianza en España diversa documentación relacionada con el motivo de su desplazamiento. Entre esos documentos figuraban gestiones destinadas a recuperar su empresa y parte de su patrimonio, así como trámites que debía realizar con su entonces esposa ante el consulado. Todo este material fue aportado posteriormente a la denuncia presentada en Cádiz.

Además se entregó a la Policía Nacional varios audios grabados por el propio empresario en los que manifestaba «su preocupación por su seguridad personal y aseguraba temer por su vida». Estos elementos reforzaron la sospecha de que su muerte podía haber sido consecuencia de un acto violento premeditado.

Antonio Jiménez fue hallado sin vida el pasado 20 de septiembre del año 2025, en la carretera La Trujillista, de la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, en la provincia de Valverde.

Fue encontrado con un disparo en la cabeza en el interior de una yipeta negra, marca Bestune, modelo T55 Enjoy, placa G746390, año 2024.

Pese a que las autoridades dominicanas señalan que Antonio murió a los 78 años, los medios españoles indican que tenía 59 años.

De acuerdo a informaciones publicadas por el medio español, antes de viajar a República Dominicana, Jiménez López «envió a su entorno audios en los que manifestaba ese miedo y documentación sobre los trámites económicos que iba a realizar en el viaje».

A una semana de la muerte de Antonio, el fiscal titular de Valverde, Víctor Manuel Mejía, informó que las indagatorias iniciales apuntaban a que la causa de muerte podría haber sido un suicidio, aunque aseguró que se profundizaba la investigación para descartar cualquier intervención de terceros.

El País reveló en la tarde del sábado que personas del entorno del occiso acudieron a la comisaría de Cádiz en el mismo mes de su muerte, con evidencias que aportaron a una nueva hipótesis de la causa de muerte, con las que se abrió una vía de colaboración entre la Policía Judicial de Cádiz y la Policía Nacional en el país.

Operación Plantel

Entre las pruebas que fueron entregadas a las autoridades gaditanas, se suministraron los audios en los que de forma verbalizada, el propio empresario expresaba la preocupación por su seguridad y el posible riesgo de su vida.

La «gravedad» de las informaciones aportadas dio lugar a la apertura de la denominada «Operación Plantel», a través de la cual la policía de Cádiz contactó a las autoridades dominicanas para indagar las causas de la muerte del empresario.

La investigación es coordinada entre ambos países a través del Agregado de Interior de España en República Dominicana, organismo que desempeñó «un papel fundamental» en la coordinación policial y en el intercambio de información junto con la Embajada de España, conforme al periódico La Vanguardia de España.

Con las pruebas apuntadas en vida por Antonio y las diligencias desarrolladas por la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional dominicana, en coordinación con el Ministerio Público, que incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos, operativos de búsqueda y diversos registros, se reconstruyeron «los últimos movimientos de la víctima».

El pasado viernes un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde aplazó para el jueves 19 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los seis imputados, que se creían que iban a escapar de la mano de la justicia.

De acuerdo a las investigaciones, se trató de un asesinato premeditado orquestado por su esposa, quien supuestamente actuó como autora intelectual del suceso y coordinadora de un plan en el que recurrió a varias personas de su entorno más cercano que, a su vez, actuaron como intermediarios para localizar a quienes ejecutaron el asesinato.

El parte policial señala, que uno de los implicados aportó parte del dinero acordado para cometer el crimen y se comprometió a dar el resto cuando se consumase el homicidio.

Un intermediario reclutó al autor material, un hombre que contaba con la confianza del fallecido, por lo que el empresario no sospechó «cuando el sicario se subió con él en su vehículo, lo llevó engañado hasta un paraje despoblado en Damajagua, donde le disparó mortalmente en la cabeza».