Casos diputados vinculados a drogas duermen sueño eterno Procuraduría

El Ministerio Público que lleva como «caña para el ingenio» los casos de ex funcionarios del pasado gobierno, avanza a pasos de tortuga en la investigación de los cuatro diputados, tres de ellos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), vinculados al narcotráfico.

Sobre estos casos, la procuraduría general de la República actúa de manera muy discreta, contrario a los ribetes mediáticos con los que maneja los expedientes instrumentados a ex funcionarios peledeistas.

En la Operación Falcon, de narcotráfico y lavado hay diputados involucrados.

A la lista de los legisladores a los que se les siguen los pasos se sumó recientemente el diputado, también perremeísta, Sergio (Gory) Moya de la Cruz, señalado en el presunro esquema de extorsión a bancas de lotería que se menciona en el expediente de Operación Calamar, por lo que ahora son cinco los congresistas bajo la lupa de los fiscales.

Como juez “control” de la investigación a los cinco diputados se designó al juez de la Suprema Corte de Justicia Napoleón Estévez Lavandier, por la jurisdicción privilegiada de los congresistas.

Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado por Santiago, igualmente del PRM, y Héctor Darío Féliz Féliz, de Oviedo (Pedernales), por el PRD, forman parte, junto a Guerrero Cabrera y su esposo, el exdirector de Comunidad Digna, también ex legislador  Juan Maldonado Castro, a los que se han citado en la alegada red Falcón, se le atribuye grandes alijos de drogas incautadas en República Dominicana y Puerto Rico.

El juez control o de instrucción debe autorizar aquellos procedimientos que requiera hacer el Ministerio Público en su investigación, pero que la ley exija deben ser validados por este magistrado, por ejemplo, allanamientos, interceptación de llamadas y solicitar informes financieros.

Las investigaciones por parte del órgano acusador las lleva a cabo el procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa.

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