Colegio Abogados deposita querella penal contra jueces TSE

El Colegio de Abogados elevó una querella penal en contra del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ignacio Camacho, y de los miembros Pedro Yermenos Forastieri y Rosa Pérez de García por impedir la juramentación de la nueva directiva del gremio.

Los mencionados jueces fueron quienes el 29 del pasado mes de diciembre emitieron una sentencia en la que suspenden los efectos de la juramentación del presidente electo del CARD, Trajano Vidal Potentini  con lo que violentaría su competencia de atribución contenida en el artículo 214 de la Constitución.

El CARD asegura que la Carta Magna consagra que el TSE solo es competente para los conflictos de los partidos políticos, no para asuntos gremiales.

Al emitir la sentencia en la que deja sin efecto provisionalmente la juramentación de Potentini, el TSE acogió una acción de amparo incoada por Diego José García contra el CARD, su comisión nacional electoral, Vidal Potentini y la corriente gremial Dignidad Jurídica.

El Colegio de Abogados señaló al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y al consultor jurídico, Antoliano Peralta, de estar «sonsacando a los jueces bajo la promesa de que van a ser ascendidos a jueces de la Suprema Corte de Justicia a ocupar las seis vacantes que próximamente se van a abrir».

Dice que el TSE también han actuado «bajo las órdenes directas» de José Ignacio Paliza, ministro Admirativo de la Presidencia y presidente del PRM, y de Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Miguel Surun Hernández manifestó que con su decisión de dejar sin efecto la proclamación de Potentini, el TSE «ha incurrido en prevaricación judicial para favorecer al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en violación a su propia ley orgánica, la 29-11, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, 137-11, que consagran que el TSE no es competente para conocer asuntos gremiales, con lo cual también se violan los artículos 123, 124, 147, 148, 175, 176 y 184 del Co´digo Penal de la Repu´blica Dominicana».

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