Comisionado Reforma Policial le da matiz político crisis seguridad

Por Guillermo Tejeda

Director Resumen Final Digital.

El experto español designado por el presidente Luis Abinader para dirigir la Reforma Policial, José Vila del Catillo,  se ha involucrado en el debate político, al acusar a «todas las administraciones presidenciales» dominicanas de los asesinatos extrajudiciales y tomó  como referencia los últimos 16 años, catorce de la oposición, para graficar las muertes en intercambios de disparos.

Citó  las muertes reportadas en 16 años, mil 844 por intercambios de disparos, «lo que significa un asesinato cada tres horas», para compararlos con los diez casos en cinco meses de este año, para significar que hay «una diferencia estadística notoria comparada con el pasado».

Siguió con las comparaciones, de los pasados gobiernos y el actual para señalar que 96 fueron sometidos a la justicia y de ellos, solo terminaron en condena 18.

«Pero lo más importante que cabe señalar es que, en referencia a esos 10 casos, los funcionarios implicados están suspendidos y bajo investigación del Ministerio Público. No hay impunidad» añadió el español contratado para la reforma policial, que según distintos sectores, luce estancada y citan una serie de exclusiones.

También Vila del Castillo ha tenido duras críticas para la Policía Dominicana y quienes las han dirigido en los últimos años. Califica la institución policial  como básicamente centralista, jerárquica, verticalista y sin delegación de autoridad.

Para el español, la Policía Nacional es de «mentalidad militarista, cooperativista en el manejo de las responsabilidades, sin articulación social, ajena a la estructura general del Estado y desvertebrada de las necesidades sociales.

Luego de esto le pasa la mano y señala que «la mayoría son hombres de bien», necesitadas de reconocimiento y respeto social, privada sistemáticamente del apoyo presupuestario y abandonada durante décadas.

Asegura que de los más de 30 mil agentes que componen la Policía Nacional, «la inmensa mayoría son  hombres y mujeres de bien que trabajan bajo unas condiciones de abandono social casi absoluto» y se les encarga la seguridad  de los ciudadanos, la protección en la vida, de los derechos humanos y la vertebración social del territorio.

Pero agrega que existen también funcionarios que por su comportamiento no ameritan  ser policías o servidores públicos por lo que deben quedar fuera tras un proceso de evaluación.