Como la hidra de 7 cabezas, la corrupción amenaza comerse gobierno de Abinader.

Por Miguel Ángel Núñez

En pocos países que no sea la República Dominicana, se denuncia una seguidilla de casos de mega-corrupción en ministerios y en otras instituciones del Estado, en un lapso relativamente corto, y a pesar de la alarma social que ha desatado el fenómeno, en términos judiciales, son muy escasas las esperanzas de sanción que tiene la población, para castigar a sus presuntos autores.

El Ministerio Público que está llamado a actuar en estos casos, evidencia una parsimonia que contrasta con la efectividad calenturienta con que actuaba cuando los presuntos responsables de actos de corrupción procedían de la administración peledeista.

La reacción de la directora de Ética Pública Milagros Ortiz Bosch, en el ante despacho de la representante del Ministerio Público lo dijo todo, cuando reveló que había depositado unos 300 expedientes con evidencias de irregularidades en instituciones públicas, sin una respuesta del organismo acusador del gobierno.

Si el legajo de pruebas lo deposita una funcionaria como la doctora Ortiz Bosch que la opinión pública le endilga una tendencia a minimizar los escándalos de funcionarios del gobierno, calificándolos de “subsanables”, qué será con hechos que están a la vista del más común de los ciudadanos, porque han sentido sus efectos sobre su propia humanidad.

Por ejemplo en los últimos tres meses de este año, se han denunciado escándalos de corrupción mayúsculos en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Agricultura y el peor y más complejo en el Seguro Nacional de Salud(SENASA).

Hay otros escándalos que lucen tapiados en un rotundo manto de silencio como son el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones y un pestilente escándalo denunciado por el presidente del Consejo Unificado de las EDES, Celso Marransini, en la Empresa de Distribución Eléctrica del Este (EDEESTE), cuyos detalles daremos a conocer más adelante.

En el INABIE las señales de irregularidades fueron detectadas por la dirección de Compras y Contrataciones y subraya supuestos contratos viciados para la compra de útiles escolares, ropas, mochilas y zapatos por un monto que la población no alcanza a establecer.

El ruido que provocó el incidente, con la eliminación de por lo menos 25 contratos, con claros visos de corrupción que prácticamente estropearon el inicio del año escolar, e incluso a más de un mes de iniciado, millares de estudiantes acuden a sus planteles sin el uniforme apropiado.

Después de varios meses de insistentes denuncias, el presidente de la República termina por destituir a su director, el señor Víctor Castro, un empresario promotor de la “Marcha” que operó como brazo ejecutor de la campaña de descrédito que ayudó a socavar la imagen de los gobiernos del PLD, y consecuentemente al triunfo de Luis Abinader en los comicios del 2020 y reeditado en el 2024.

Casi al unísono con este episodio estalló otro escándalo en el Ministerio de Educación que involucra al ex ministro Ángel Hernandez, por supuestas irregularidades en la contratación de obras de mantenimientos de escuelas y denuncias de irregularidades en las declaraciones de patrimonios por parte del ex funcionario, motorizado por la entidad cívica sin fines de lucro Asociación Dominicana contra la corrupción (ADOCO).

En la misma semana estalló otro escándalo en el Ministerio de Agricultura que implicó la detención de personal militar, de seguridad y áreas administrativas del Ministerio, y por igual, se disipó lo ocurrido, sin ninguna consecuencia judicial, ni la debida información a la cual tienen derecho los dominicanos.

Convertido en una fábrica de escándalos, el país contempla boqui-abierto uno de los estallidos de corrupción de mayor calado, de toda la historia se desarrolla en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).

Una verdadera hidra de siete cabezas, una figura en forma de serpiente que según la mitología antigua era un monstruo invencible e insaciable que consume todo a su paso.

Hasta donde se ha podido establecer, las maniobras dolosas denunciadas, alcanzan montos escandalosos, incalculables por el momento, en los diversos renglones en que interviene el SENASA como ARS que suple los servicios de salud a casi ocho millones de dominicanos.

Según datos, aún no oficiales, del 2020 al 2024 una empresa que atribuyen cercanía familiar con el destituido director, Santiago Hazim, estuvo cobrando una facturación de 65 millones de pesos mensuales, por 500 mil inscritos en el régimen subsidiado, del plan de atención primaria que nunca existió.

También se autorizaban a determinadas clínicas privadas y cadenas de farmacias, procedimientos médicos falsos o medicamentos que nunca llegaron a sus destinatarios legítimos.

También materializaron compras irregulares de equipos médicos, material gastable y otros insumos utilizados en la corrección de fracturas óseas (osteosintesis) .

Y aunque parezca increíble, la venta por montos millonarios de las vacunas que donan organizaciones como la Oficina Panamericana de la Salud, la OMS, y la UNICEF, destinada a prevenir distintas enfermedades, como polio, malaria, tifoidea, tuberculosis, difteria y otras afecciones que matan millones de niños en todo el mundo.

Cuando el partido Fuerza del Pueblo que lidera el expresidente Leonel Fernández hizo la denuncia por un monto cercano a los 3000 millones de pesos, la reacción del presidente Luis Abinader tomó el atajo de la politiquería, al atribuirle a la oposición el interés de que sacara del SENASA a 2 millones 600 mil dominicanos pobres, incluidos durante cinco años de su gobierno.

Si embargo una semana después admitió la ocurrencia del desfalco, y reveló que por órdenes suyas había depositado un expediente ante la procuraduría en el mes de noviembre 2024. Para reforzar su decisión advirtió que “tenía aliados, no cómplices”.

Sintiéndose tocado en su amor propio, la reacción del ex funcionario señalado como cabeza de los desmanes, no se hizo esperar, alegando que había sido el el autor de la querella.

Santiago Hazim, un prestigioso médico ortopeda, es identificado como un cercano colaborador del mandatario e incluso coordinó el movimiento OLAS y recaudó fondos para llevarlo al poder. Hay quienes atribuyen a Hazim haber puesto la variedad de servicios que cubre el SENASA a favor de la reelección de Luis Abinader en el 2024.

Para sacar al SENASA del hoyo financiero en que ha caído, el presidente ordenó mediante decreto la transferencia de 6 mil millones de pesos de los fondos del IDOPRIL, aunque se defina como una estratagema irregular, pues se trata de un fondo destinado a asistir a los trabajadores en caso de lesión e incapacidad.

Si escandaloso ha sido la quiebra del SENASA, privando de los servicios de salud a casi ocho millones de personas sin recursos para internarse en centros privados, peor ha sido el manejo judicial del tema.

Para analistas del acontecer político y social, el gobierno que vendió como estandarte la supuesta transparencia e independencia de su Ministerio público, luce turbado y sin recursos para sentar en el banquillo de los acusados a personas de arraigo social y vínculos con sectores de poder que se dicen beneficiarios con la trama dolosa que imperó en SENASA desde el 2020 hasta noviembre del 2024.

De otro modo no se entiende que el expediente fuera enviado por el Poder Ejecutivo en noviembre de ese año a manos de la ex procuradora Miriam Germán Brito, del exdirector de persecución
Wilson Camacho y la directora del PEPCA Yeni Berenice Reynoso, sin ningún tipo de consecuencias.

Debió esperarse un año para que los “eficaces” en el manejo de los casos puestos en sus manos, se “enteraran” de lo que ocurría en SENASA, cuando el presidente, por segunda vez, debido a presiones de los medios de comunicación y el drama de los pacientes sin servicios, lo remitiera de nuevo.

Otro escándalo que ha quedado en el ostrasismo, incluso con ramificaciones internacionales, es el del Ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla.

Cuando un periodista indagó sobre los casos de supuesta corrupción en el gobierno, el presidente defendió el derecho a la honra de cualquier ciudadano, aunque se mostró dispuesto a actuar, contra cualquier ciudadano, siempre que existan pruebas que avalen la denuncia.

Como es ya una norma en el gobierno, donde “un escándalo se tapa con otro”, muy escasa importancia le han dado a la denuncia del director Consejo Unificado de las EDES (CUEC), Celso Marranzini, según la cual el destituido director de EDEESTE Manuel Mejia Naut, alteraba las facturas de más 42 mil usuarios del servicio, para que pagaran más y de ese modo lograr un crecimiento sin precedente de las recaudaciones de la empresa.

Pasado el tiempo, ni el Ministerio Público ni ninguna entidad de defensa del consumidor ni de derechos humanos se ha interesado por resarcir a estos 42 mil dominicanos, agraviados con un servicio deficiente y un robo que no tiene nada que envidiarle a un asalto en un callejón cualquiera de barrio pobre del país.