Compras suspende registro dos empresas acusadas de estafa y sobornos
Ganaron licitaciones en Comedores Económicos

Continúan cayendo empresas que se valen de operaciones irregulares para ganar licitaciones en dependencias del Estado.
Este jueves la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó suspender de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) a las empresas Interseas Dominicana, SRL y Aspadom, SRL, ambas investigadas por el Ministerio Público por presunta comisión de delitos en procedimientos de contratación pública.
La decisión, contenida en la Resolución Núm. DGCP44-2025-004759, fue emitida por el director general de la institución, Carlos Pimentel Florenzán, amparada en las facultades que otorgan la Ley 340-06 y su Reglamento de aplicación.
La medida, de carácter preventivo, temporal y no sancionador, busca salvaguardar la integridad del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, así como evitar riesgos de reiteración de conductas que pudieran comprometer la libre competencia, la transparencia y el uso adecuado de los recursos estatales.
Según la resolución, las empresas figuran en una comunicación enviada por el Ministerio Público el 18 de noviembre de 2025, donde se notificó a la DGCP que ambas son objeto de investigación penal por presunta estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores, entre otros delitos.
Las empresas Aspadom SLR e Interseas Dominicana SRL, vinculadas al empresario Munir Kury, resultaron ganadoras de dos adjudicaciones en una licitación de los Comedores Económicos del Estado, adjudicadas el 21 noviembre.
Los montos otorgados, los más altos de todos, ascienden a 58,090,965.40 y 63,001,797.00 (121,092,762.40, en millones de pesos), respectivamente, a pesar de que ambas compañías se encuentran inhabilitadas.
La DGCP aclaró que la suspensión no constituye una sanción definitiva, sino una medida cautelar que permanecerá vigente hasta que el Ministerio Público concluya su investigación y se determine si las entidades se encuentran bajo el régimen de prohibiciones para contratar con el Estado.
La resolución fue publicada en el portal institucional de la DGCP y notificada a entidades como la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Impuestos Internos, Procuraduría General y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.


Según la resolución, las empresas figuran en una comunicación enviada por el Ministerio Público el 18 de noviembre de 2025, donde se notificó a la DGCP que ambas son objeto de investigación penal por presunta estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores, entre otros delitos.