Con porte actor de cine y voces llamándole asesino, Antonio Espaillat va a tribunal

Resguardado por hombres armados que vigilaban celosamente a los manifestantes que lo acusaban de asesinos arribaron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva los dueños del Jet Set, Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, en su primera cita ante un juez de instrucción del Distrito Nacional.
Familiares de las víctimas del derrumbe de la discoteca, a los que no ha podido comprar, se apostaron temprano en los pasillos de la sede judicial, para decirle en sus caras «asesinos» y denunciar los esfuerzos que se hacen para que esta tragedia sin precedentes en el país, quede impune.
Impecablemente vestido, cual si fuera para una fiesta de etiqueta, se presentó ante el juez Raymundo Mejía el señor Espaillat, quien antes tuvo que pasar por una pasarela que a gritos le recordaba su responsabilidad por la muerte de 236 personas, incluyendo familias enteras que quedaron sepultadas entre los escombros de su negocio, lo que han atribuido las autoridades a un descomunal descuido, al obviarse las advertencias sobre la sobre-carga en el techo del Jet Set y las filtraciones.
Llamó la atención el dispositivo de seguridad desplegado por la Policía para proteger a los imputados, lo que refuerza las versiones de los fuertes vínculos que tiene el empresario radial y de espectáculos con autoridades del gobierno.
La audiencia preliminar de este lunes representa una fase intermedia crucial del proceso penal, en la que el juez deberá evaluar si el Ministerio Público cuenta con pruebas suficientes para que los imputados enfrenten un juicio de fondo.
Entre los familiares que denunciaron la compra para que el caso quede en la impunidad figura el señor Winston Tejeda, esposo de Yanira Sosa y padre de una de las víctimas, quien alzó su voz para exigir justicia por la muerte de su hija, una joven médica de apenas 26 años, quien falleció junto a cuatro personas más el día del colapso del techo del centro de diversión.
Visiblemente conmovido, Tejeda afirmó que esta tragedia jamás podrá olvidarse por su dimensión colosal y por el vacío irreversible que ha dejado en cientos de familias dominicanas.
“Nuestra hija no tenía ni siquiera amores; estaba allí ese día y no volvió. Hoy confiamos en la justicia dominicana y en que los jueces emitirán un veredicto apegado a lo más sagrado, incluso a la fe divina”, expresó.
Denunció, además, la sobrecarga de la estructura, señalando la existencia de múltiples capas de cemento, tanques de agua, equipos pesados, plantas eléctricas y sistemas de aire acondicionado, lo que evidenciaba una pobreza estructural alarmante.
“Esto jamás puede quedar impune. La justicia dominicana está a prueba y debe marcar un antes y un después, castigando a quienes improvisan estructuras para lucrarse sin importar la vida humana”, enfatizó.
El padre de la víctima también responsabilizó directamente al Estado dominicano y a las instituciones encargadas de la supervisión de edificaciones que albergan grandes cantidades de personas.
Aseguró que hubo una falta grave de control y fiscalización, lo que permitió que el establecimiento operara en condiciones inseguras.
Asimismo, reveló que su familia recibió propuestas económicas que fueron rechazadas de manera tajante.
“Nuestra hija vale más que cualquier dádiva. Los acuerdos no sustituyen la voluntad de un juez. Yo creo en la justicia y creo que este caso debe sentar un precedente histórico”, concluyó, reiterando su fe en que habrá justicia para las víctimas del Jet Set.
Impecablemente vestido, cual si fuera para una fiesta de etiqueta, se presentó ante el juez Raymundo Mejía el señor Espaillat, quien antes tuvo que pasar por una pasarela que a gritos le recordaba su responsabilidad por la muerte de 236 personas, incluyendo familias enteras que quedaron sepultadas entre los escombros de su negocio, lo que han atribuido las autoridades a un descomunal descuido, al obviarse las advertencias sobre la sobre-carga en el techo del Jet Set y las filtraciones.

Entre los familiares que denunciaron la compra para que el caso quede en la impunidad figura el señor Winston Tejeda, esposo de Yanira Sosa y padre de una de las víctimas, quien alzó su voz para exigir justicia por la muerte de su hija, una joven médica de apenas 26 años, quien falleció junto a cuatro personas más el día del colapso del techo del centro de diversión.