Condenan a 5 años en centro siquiátrico acusada Operación Anti-Pulpo

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional  condenó a María Isabel de los Milagros Torres Castellanos, acusada de formar parte de la red de corrupción administrativa desmantelada en la denominada Operación Anti-Pulpo.

El fiscal Ernesto Guzmán, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que le fue impuesta una medida de cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico, el pago de 20 millones de indemnización al Estado y el decomiso de un apartamento en Las Brisas de Guavaberry, San Pedro de Macorís.

Ernesto Guzmán, fiscal de la PEPCA, ofrece declaraciones sobre la sentencia.

Dijo que el inmueble que figuraba a nombre de ella es propiedad real de Juan Alexis Medina Sánchez.

“Es una condena mediante la cual se valida todas y cada una de las imputaciones establecidas en la acusación y sobre en la cual se declara culpable la persona y se ordena el decomiso de un inmueble”, explicó Guzmán, al responder preguntas de los periodistas luego de la decisión adoptada por los jueces Keila Santana, Arisleyda Méndez y Elías Santini.

Al ser cuestionado sobre si pudieran obtener otra sentencia favorable respecto a los demás acusados de la red, expresó: “claro que sí, por supuesto, inclusive, los tipos penales por los cuales ella fue condenada en este momento son los mismos que se le atribuyen a otras personas contra quienes hay un mayor quantum probatorio, un mayor elenco de pruebas”.

Esta es la tercera condena que obtiene el Ministerio Público contra los acusados de formar parte de la red.

Torres Castellanos fue enviada a juicio el pasado año por decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al establecer el Ministerio Público su relación con la empresa Editorama, S.A., vinculada al entramado de corrupción. Debido a razones de salud, fue declarada inimputable, por lo que fue enjuiciada en un proceso especial.

Juan Alexis Medina Sánchez y compartes fueron enviados a juicio el pasado 7 de febrero por decisión del mismo juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

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