Confirmado: Gobierno trató meter áreas protegidas en Fideicomiso

Por Jeannette Kranwinkel.

Si los grupos ambientalistas no hacían la advertencia, el Fideicomiso Público-Privado se hubiese tragado las áreas protegidas de Pedernales, lo que se pretendió pasar en el proyecto que aprobó a todo vapor el Senado de la República y que se subsanó con una adenda que envió de urgencia el Poder Ejecutivo a los diputados.

Los senadores no revisaron ni consultaron nada al aprobar el proyecto de ley de Fideicomiso, limitándose a satisfacer, como ha sido ya una constante, los deseos del Ejecutivo.

No se dieron cuenta ni le prestaron atención a las alertas de grupos ambientalistas que han estado pendiente para que la voracidad empresarial ni política se tragaran de nuevo las áreas protegidas en Bahía de las Aguilas.

Ni el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, que se supone debió conocer a fondo la pieza por lo que involucra, reaccionó sino cuando desde el Palacio Nacional lo mandaron a escuchar a los representantes del movimiento ambiental, en una reunión encabezada por el ministro de la Presidencia, Joel Santos.

El tranque en la adenda número tres correspondiente al contrato del Fideicomiso Pro-Pedernales fue resuelto con la admisión del gobierno del «error» al excluir de las parcelas que pasarían al Fideicomiso todo el terreno dentro del área protegida.

En una reunión de más de tres horas en el Ministerio de Medio Ambiente entre miembros de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y el gobierno se acordó, además, que se realice una subdivisión de las parcelas, sin afectar o retrasar el proceso actual.

El encuentro fue convocado de urgencia tras la advertencia que hizo el colectivo el pasado lunes de que en las parcelas incluidas en el Fideicomiso existe un solapamiento con área protegida. La Coalición enfatizó que no se opone al Fideicomiso y a cualquier otro desarrollo de Pedernales, siempre y cuando se respeten las áreas protegidas y el medio ambiente, tal como lo establece la ley.

De su lado, el gobierno reconoció que, efectivamente, existen unos seis millones de metros cuadrados de área protegida en la adend.

Al descubrirse la operación, el gobierno alega que su intención es la preservación y el respeto a la ley con respecto a las áreas protegidas.

Los últimos cambios realizados por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Cámara de Diputados relativos a la cláusula cuarta incluye en el primero de los tres inmuebles aportados al fideicomiso que este “será objeto de un proceso de subdivisión por ante la Jurisdicción Inmobiliaria para excluir el polígono comprendido dentro del Paisaje Protegido Playa de Cabo Rojo-Pedernales”.

Se trata del inmueble identificado con la designación catastral No. 291886569074.

Mientras que fue modificado el párrafo VII de la cláusula sexta que establece: “Queda entendido entre las partes que los Inmuebles a ser aportados al Fideicomiso Pro-Pedernales no incluyen dentro de sus linderos, ni de forma total ni parcial, terrenos que formen parte del Parque Nacional Jaragua, Parque Nacional Sierra de Bahoruco, Área Nacional de Recreo Cabo Rojo Bahía de las Águilas con sus cuatro polígonos: Playa de Cabo Rojo-Pedernales, Bahía de las Águilas, Playa Larga y Playa Blanca”.

Añade la enmienda que no se incluirá ninguna área protegida y que se declaran que aquellos inmuebles localizados en las parcelas a ser aportadas a Pro-Pedernales serán sometidos a un proceso de subdivisión en la jurisdicción inmobiliaria.

Todo lo anterior, previo o en conjunto al aporte de dichos inmuebles al patrimonio fideicomitivo y que deben mantenerse en todo caso los terrenos ubicados dentro de las áreas protegidas excluidas del patrimonio fideicomitivo.