Contrataciones Públicas enfila cañones contra Abel Martínez
La Dirección General de Contratación Pública (DGCP) suspendió el Procedimiento de Excepción por Urgencia Núm. AYUNTAMIENTO STGO-MAE-PEUR-2023-0001, destinado al «Servicio de recolección de los desechos sólidos en todo el municipio de Santiago» por un monto de RD$1,683,654,280.896.
La medida se tomó alegando uso incorrecto de la modalidad del procedimiento, la falta de motivación que justifica la excepción y debilidades en el pliego de condiciones.
La DGCP destacó que la continuación implicaría una violación al debido proceso en estos procedimientos especiales de contratación. La decisión ha sido notificada al Ayuntamiento Santiago de Los Caballeros para su conocimiento y acciones correspondientes.
La disposición se ha interpretado como una acción contra el alcalde y candidato presidencial del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez.
Precísamente el alcalde de Santiago denunció este lunes que agentes policiales apresaron a una brigada del cabildo cuando desmontaba propaganda política colocada en violación a las disposiciones municipales en esa ciudad.
El alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, denunció que agentes de la Policía Nacional, amparados en alegadas “órdenes de arriba”, procedieron de forma ilegal a secuestrar personal de patrullas municipales y equipos del Ayuntamiento de Santiago, mientras realizaban las acostumbradas labores de desmonte de publicidad no permitida.
Dijo que, en un hecho sin precedentes, agentes policiales secuestraron al personal que estaba cumpliendo con la misión sagrada de ordenar a Santiago de los Caballeros, sin que hasta el momento se haya informado el paradero del personal, ni de los equipos de motor y herramientas de trabajo que fueron secuestrados por el cuerpo del orden.
“Estos alegaron que se estaba retirando propaganda política y las vallas políticas o de cualquier tipo, el Ayuntamiento de Santiago siempre las ha retirado si las mismas se encuentran en aceras, contenes y espacios públicos que no tengan la debida autorización, para lo cual nos faculta la Ley 176-07 y la Constitución de la República”, indicó Abel Martínez en su despacho ante los medios de comunicación.