Coronela del Canódromo ahora es la víctima
Parece que la siguen apoyando
A pesar de la gravedad de la infracción protagonizada por la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, quien encabezó una agresión contra el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en el Canódromo, el proceso de sanción avanza a pasos de tortuga.
Protegida desde un principio por sus superiores, que trataron de minimizar el escándalo que abarcó golpes contra periodistas, incautación de cámaras y borrar las imágenes para eliminar evidencias, la oficial se ha empoderado en un esfuerzo por revertir los hechos y convertirse en víctima.
El proceso disciplinario que se le sigue ha sido aplazado por incidentes de los abogados de la coronela que piden al Defensor del pueblo entregar la denuncia que motivó su visita al Canódromo, obviando las facultades constitucionales de ese funcionario.
Mediante acto del alguacil, Joel Romero Pujols, del juzgado de paz de tránsito del Distrito Nacional, puso en mora al Defensor del Pueblo para entregar la documentación requerida por la coronela, pero al entregar documentos que no le fueron requeridos, su abogado pidió un aplazamiento para tales fines.
Ramírez Merán dijo que en caso de que el Defensor del Pueblo no le entregue también la constancia que notificó al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, interpondrá una acción de amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
En la notificación se alega que la documentación la pide en virtud de que será usada por su abogado en el proceso disciplinario que se le sigue en la sede del cuerpo del orden como consecuencia del incidente ocurrido en el Canódromo.
Se recuerda que el director de la DIGESETT, general Ramón Antonio Guzmán Peralta, no dió la cara, sino días después para comentar el incidente y tratar de aplacar la indignación ciudadana por la agresión al Defensor del Pueblo llevó a su despacho a Manuel María Mercedes, del comité de los derechos humanos que se prestó para defender al funcionario y a la institución sobre la cual pesan múltiples denuncias de violaciones.