Corte decide Alexis Medina siga en prisión domiciliaria
Rechazan petición del PEPCA

Los jueces de la Tercera Sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazaron las pretensiones del Ministerio Público de regresar a la cárcel a Alexis Medina y otros imputados en la Operación Antipulpo, quienes tienen prisión domiciliaria y el uso de grilletes electrónicos.
Para el abogado José Miguel Minier, de la barra de defensa del exfuncionario Fernando Rosa, esta es una nueva derrota para el Ministerio Público.
«Todos los alegatos que hizo el Ministerio Público lo hizo solamente para llenar su expectativa a la sociedad de darle más circo sabiendo que un proceso solamente se puede tener a un imputados en prisión durante 18 meses», expuso.

De su lado, el fiscal Wilson Camacho calificó la decisión de los jueces Nancy Joaquín, María Daneira García y Daniel Nolasco, como irracional.
Afirmó que la irracionalidad «suele ser común en los casos de corrupción».
«Es una decisión irracional, en el mismo nivel de irracionalidad de la decisión que había tomado previamente el Séptimo Juzgado de la Instrucción (el juez Deiby Peguero)», expresó Camacho, quien ha hecho ya una costumbre criticar a los jueces cuando no acogen el pedimento del Ministerio Público.
Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), indicó que la decisión que rindió el tribunal no respondió a los argumentos presentados por el Ministerio Público
Fue a finales de agosto pasado, que el juez Peguero, quien conoce la audiencia preliminar del caso Pulpo, cesó la prisión que pesaba contra Alexis Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana, y les impuso arresto domiciliario, uso de grilletes y el pago de una garantía económica.
No conforme con esto, la Pepca recurrió en apelación, pero antes lanzaron severas críticas contra ese magistrado, quien encaró públicamente a Camacho.
Los imputados tenían casi dos años recluidos en la cárcel Najayo a donde fueron llevados en diciembre del 2020, cuando fueron sometidos por corrupción, lavado de activos y otros delitos.