Crean comisión vigilar recursos del nuevo contrato con AERODOM
Hay empresarios y dependerán de la Presidencia
El presidente Luis Abinader creó mediante decreto 79-24 una comisión especial para vigilar el uso adecuado de los fondos provenientes del contrato de concesión de los aeropuertos internacionales José Francisco Peña Gómez, Gregorio Luperón, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, María Montez y el Aeropuerto Doméstico Arroyo Barril con el consorcio AERODOM.
Llama la atención que los integrantes de esa comisión son en su mayoría empresarios cuyo trabajo dependerá del Poder Ejecutivo, que ya ha recibido unos 300 de los 750 millones de dólares que envuelve el nuevo contrato con el consorcio francés.
La comisión, presidida por Ricardo Francisco Tadeo Canalda Carvajal, estará funcionalmente dependiente del Presidente de la República y administrativamente adscrita al Ministerio de la Presidencia.
La renovación del contrato con AERODOM ha sido blanco de ácidas críticas, porque primero se creó una ley a la medida, se negoció de manera subrepticia y se aprobó al valor en las cámaras legislativas, aprovechando el gobierno su control en el Congreso Nacional.
Su principal responsabilidad será acceder a la información financiera relacionada con el uso de los fondos que el Estado dominicano reciba como contra-prestación del mencionado contrato de concesión.
La comisión, conformada por destacadas personalidades como Julio Suero Marranzini y Circe Minnet Almánzar Melgen, entre otros, trabajará sin perjuicio de las disposiciones constitucionales y legales relativas a los controles internos y externos de los fondos públicos.
Como medida adicional de transparencia, la comisión presentará informes trimestrales al Poder Ejecutivo sobre los avances en la inversión de los recursos provenientes de la contraprestación del contrato de concesión. Además, se destaca la colaboración institucional requerida a los entes y órganos del Poder Ejecutivo para suministrar la información necesaria.
La Comisión, ejerciendo sus funciones de manera honorífica, cesará su existencia cuando la totalidad de los fondos percibidos por el Estado dominicano, derivados del contrato en cuestión, se hayan invertido en las obras públicas previstas por el Poder Ejecutivo.