Criterio de Oportunidad o Criterio para la Impunidad
Los acuerdos del Ministerio Público con imputados, en su mayoría del sector privado vinculados con los sonados casos de corrupción que se acogieron a los “criterios de oportunidad” han provocado un amplio rechazo ciudadano y un descreimiento en la “cruzada” contra el robo del dinero del Estado que se ha cebado, hasta el momento, en determinados funcionarios del pasado gobierno.
La Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) se escuda el artículo 370, párrafo 6 del Código Procesal Penal, que la faculta para realizar acuerdos con imputados para que delaten a otros que son el verdadero objetivo del Ministerio Público.
El emblemático expediente de la denominada Operación Calamar ha sepultado la credibilidad del Ministerio Público, al revelarse el calado de impunidad de los acuerdos con imputados que tienen igual responsabilidad en los hechos que los ex funcionarios peledeistas que son la meta de los fiscales.
Solo en este expediente la Procuraduría arribó a acuerdos mediante los cuales encartados devolvieron cientos e millones de pesos a cambio de impunidad.
Esos convenios están encabezados por el empresario Ramón Emilio Jiménez Collie. Mimilo aceptó el decomiso de 715 millones de pesos y testificar en el juicio a cambio de que se desistiera la acción penal en su contra.
Bajo esos mismos términos, la Pepca arribó acuerdos con Fernando Crisóstomo Herrera, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, Camilo Andrés Peña Hernández, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la entidad comercial Grupo DIFEBE.
Crisóstomo Herrera aceptó devolver RD$1,101,770,078.50, Arturo Ureña unos 500 millones de pesos, Ovalle Sánchez 32 millones de pesos, Peña Hernández RD$1,780,000, los dos últimos entregaron estas sumas de manera voluntaria.
En cuento a Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la entidad comercial Grupo DIFEBE, acordaron que les fuera decomisado una casa de dos niveles ubicada en el sector Las Praderas en el Distrito Nacional y un apartamento en El Millón o su equivalente en valores económicos.
En la motivación de estos criterios de oportunidad, el Ministerio Público establece que los implicados manifestaron su “arrepentimiento” y disposición de colaborar con el proceso judicial a fin de que se sometan a los demás responsables.
Sin estos acuerdos, todos estos implicados podrían pasar a un juicio de fondo con los cargos de lavado de activos, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y asociación de malhechores, donde la pena máxima es de 20 años de reclusión. Pero ahora, gracias a la negociación con el Ministerio Público, se van para su casa con cientos de millones en sus alforjas fruto de una corrupción que no les interesa a los persecutores.