Cuatro generales de las Fuerzas Armadas condenados por corrupción
En un fallo que se pronunció en horas de la madrugada de este martes, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha impuesto duras condenas contra tres generales de las Fuerzas Armadas acusados de corrupción en la denominada Operación Coral.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, luego de un extenso juicio en el que el Ministerio Público presentó cientos de pruebas documentales, periciales y testimoniales.
El listado de los condenados lo encabeza con 20 años de prisión el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) Adán Cáceres Silvestre
También fue condenado a la misma pena de 20 años por los mismo cargos el exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza.
Las juezas les impusieron a estos imputados el pago de 400 salarios mínimos, y dispusieron el pago de 5,000 millones de pesos al Estado como indemnización.
El tribunal también le cantó 15 años de prisión al general Julio Camilo de los Santos Viola y a la pastora Rossy Guzmán.
En tanto recibieron 10 años de cárcel Esmeralda Ortega Polanco, el general Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores.
Los jueces absolvieron a Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora Rossy.
Mientras que al delator, testigo clave y «garganta profunda» del Ministerio Público, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, fue sentenciado a cinco años de pena cumplida.
La reacción del director de Persecución de la Corrupción del Ministerio Público, Wilson Camacho, no se hizo esperar y ha calificado como una sentencia histórica la emanada de ese tribunal.
Según el expediente acusatorio, la red operó entre 2012 y 2020 utilizando estructuras del Cusep, el Cestur y otras dependencias estatales para desviar recursos destinados a inteligencia, combustibles, alimentación y nóminas.
El Ministerio Público sostuvo en la acusación que los integrantes de la estructura designaban militares y policías con salarios que oscilaban entre 20,000 y RD$70,000 pesos mensuales, pero estos solo recibían una parte de los fondos asignados, mientras el resto era presuntamente apropiado por los miembros de la organización.