Cumpliendo, pero a medias…
Por Angel Valdez
Hablemos de algunos vicios institucionales que se registran en medio de la Reforma Policial.
El presidente Luis Abinader designó el pasado 8 de noviembre a un nuevo director en la Policía Nacional en sustitución de Eduardo Alberto Then.
Con la emisión del decreto 557-23, el Poder Ejecutivo ascendió a Mayor General a Ramón Antonio Guzmán Peralta para ocupar la dirección general de la Policía, luego de que Then cumpliera los dos años de gestión permitidos por la Ley Orgánica de la institución.
Abinader tomó esta decisión 22 días después del límite establecido por las normas, incurriendo en una violación de lo que establece la legislación que regula la Policía Nacional.
Es cierto que esta no sería la primera vez que el jefe del Estado no acata las normativas y prefiere actuar sobre la base de lo que entiende es mejor para el país, o de sus intereses políticos.
Durante el mandato del Danilo Medina también se registraron casos coyunturas similares, donde el desenlace fue más contradictorio en comparación con lo presente.
Sin embargo, esto impactó de manera negativa entre quienes intentamos analizar desde las gradas las decisiones del estamento gubernamental, ya que el discurso de los funcionarios actuales es gerenciar apegados a la “protección” institucional del Estado.
Pero dejando de lado estos movimientos superficiales, si así ellos lo perciben, lo que posicionó el tema dentro de los espacios de opinión pública e intercambio de pensamientos es que el decreto del nuevo jefe de la Policía entró en vigor el 14 de noviembre, 6 días después de su emisión.
A diferencia del pasado, creo que al menos esté hecho sí se convierte en un precedente en lo que atañe a la institución del orden.
Por esta razón, me parece oportuno colocar los signos de interrogación para ejercer el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué no disponer la transición inmediatamente?
En medio de este trayecto, solo surgieron denuncias de asignaciones irregulares de armas de fuego y cambios departamentales de directores, a sabiendas de que serían removidos con la llegada del mayor general Guzmán Peralta, como en efecto ha ocurrido.
Denuncias que nunca serán escuchadas ni investigadas por las autoridades. Esperemos que estas prácticas no continúen siendo parte esencial del ejercicio político-gubernamental en el país.