De la indiferencia ante abusos policiales, a la indignacion presidencial
Por Guillermo Tejeda
(Director Resumen Final Digital)
La ejecución pública de un jovencito trabajador en uno de los barrios más populares de la capital a manos del integrante de una patrulla policial le ha puesto la tapa al pomo de los excesos contra ciudadanos de una institución llamada a proteger y servir.
Con la trágica muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, se han visibilizado ante las ciegas autoridades, los abusos cotidianos de la Policía Nacional, institución que desde hace más de cinco años es sometida, al menos en los discursos, a un proceso de reforma que no ha ido más allá del nuevo uniforme, el armamento y los lucrativos negocios con la compra de unidades vehiculares y equipos.
En el país se ha normalizado una cultura de excesos, con el argumento de combatir una delincuencia que se concentra en los barrios populares, donde a diario mueren jóvenes que la Policía define como «delincuentes» que caen en «intercambios de disparos». Una institución que ha borrado de nuestra Constitución el artículo 37 que establece que el derecho a la vida es inviolable y prohíbe la pena de muerte.
Nadie en el gobierno parecía interesarse por estas ejecuciones extrajudiciales, que en un solo día y en una sola acción cobraba la vida de hasta cuatro personas en un mismo lugar, en unos «intercambios» en los que un solo agente resultaba con el más mínimo rasguño de esos «enfrentamientos».
La indignación colectiva que se manifestó con violentas protestas tras el asesinato del joven Darlin en Guajimía de Herrera, fue lo que llamó la atención de las más altas instancias que se mantuvieron negligentemente durante todo el tiempo mirando hacia otro lado, mientras la Policía cometía sus desmanes contra ciudadanos.
En el país se ha normalizado que la Policía penetre a los hogares sin ninguna orden judicial, primero a buscar una bocina que se llevan sin dejar ninguna documentación, y que luego no aparecen y más tarde a sacar de su casa un ciudadano para un arresto que no ha ordenado ningún juez.
Todo estos excesos pasaron desapercibidos a pesar de que el presidente Luis Abinader, que se ha «indignado» ahora con el asesinato de Darlin, encabeza todos los lunes una reunión en el Palacio de la Policía Nacional para dar seguimiento a un Plan de Seguridad Ciudadana que se ha revertido porque las patrullas en las calles no protegen sino que atemorizan y cercenan derechos como el libre tránsito y de reunión al dispersar a bombazos actividades hasta deportivas con el argumento de que no tienen un «permiso» que no exige la Constitución de la República.
Para quien suscribe, no hay tal indignación con este abominable crimen. El gobierno se ha movido con rapidez para evitar que se propaguen las reacciones de los ciudadanos hastiados con tantos abusos cometidos por una Policía que ha hecho recordar a muchos las acciones incontrolables de los 12 años aquellos.
El presidente Abinader llegó al extremo en su «indignación» de calificar como un animal al agente policial que disparó contra Darlin, un policía producto de su reforma, que evidencia el fracaso de ese proceso del que no han salido buenos policías porque se sigue utilizando el mismo librito que mantiene intacta esa cultura del desprecio por la vida por quienes tienen el deber de preservarla. La fuerza letal sigue siendo el accionar, vulnerando la obligación que tiene el Estado de proteger a los ciudadanos, no de atentar contra ellos.
Con una montaña de cadáveres de gente joven que han muerto en los desacreditados «intercambios de disparos» en la actual gestión, alimentados por la indiferencia de quienes reaccionan «indignados» por el lamentable caso del joven de Herrera, ha quedado al desnudo el fracaso de la «Reforma Policial» que le ha constado cientos de millones de pesos de los bolsillos de los contribuyentes, para aceitar una maquinaria con una cultura de muerte.
Desde hace tiempo que al gobierno y a sus asesores en materia de seguridad se les venía advirtiendo sobre este comportamiento, con imágenes en las redes sociales que sirven de testimonio de excesos que son «investigados», pero nunca sancionados…
Con una población que no se siente segura, que en los barrios la gente diga que le tiene más confianza a un delincuente que a un policía, es urgente concentrarse en una real transformación que vaya más allá del cambio de uniforme, para que retorne la confianza y la Policía deje de ser la institución más desacreditada del país, lo que figura en todas las encuestas, incluyendo el Barómetro Latinoamericano.
La profilaxis es urgente. Hay generales que deben estar ya descansando el uniforme en sus hogares, unos por antigüedad en el servicio y otros por la incapacidad que han exibido para ejecutar los cambios diseñados en la reforma, un proceso que comenzó mal y que no puede terminar bien. Y es que si los actores son mediocres, no se puede esperar que la película sea buena.
Como dicen, no se pueden esperar cosas diferentes, haciendo siempre lo mismo y con los mismos que han fracasado.