Decomisan bienes por 53 millones imputados Operación FM
Incautan apartamentos Santiago y Macorís
El Ministerio Público informó este martes que incautó 42 apartamentos localizados en distintas zonas de Santiago y San Francisco de Macorís, pertenecientes a los imputados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación FM.
La ocupación de los inmuebles, con un valor de unos RD$53 millones, se ejecutó en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), explicó Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
Informó que fueron ocupados en el MyD I de la calle Imbert, en Santiago, 15 apartamentos, con un valor aproximado de RD$21,250,000. También, en el MyD II, en la calle B, Ercilia Pepín, de esa provincia, otros 15 apartamentos, tasados en RD$18.1 millones.
En tanto que, en el MyDIII, de la calle Cristino Zeno, de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, se ocuparon 12 apartamentos que fueron tasados en RD$14.2 millones.
Asimismo, fue incautado un solar en la provincia Santiago, propiedad de Santiago Núñez Gil, el cual se encuentra en proceso de tasación.
Por este caso son procesados Juan Gabriel Pérez Tejada, Juan Isidro Pérez de la Rosa y Anabel Altagracia Sánchez Santana, quienes desde abril pasado cumplen prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación para hombres y mujeres en Rafey, Santiago.
También, Gladis Sofía Azcona de la Cruz, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona, quienes también cumplen prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Los imputados fueron arrestados en la Operación FM, desarrollada por el Ministerio Público el pasado 10 de marzo, bajo la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada.