Defensor Público y comisión diputados piden cerrar cárcel
Opera en sótano cuartel policial
Las comisiones de Ministerio Público y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realizó este miércoles un descenso al destacamento policial Bella Colina, ubicado en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, donde funciona una improvisada cárcel en un sótano del edificio que aloja dicha dotación policial.
Al descender al sótano, inmediatamente los legisladores pudieron palpar el hacinamiento, el hedor y la falta de iluminación que afecta el espacio físico que aloja a unos 130 privados de libertad por diferentes delitos.
Durante la visita, los congresistas intentaron hablar con los detenidos, tratando de escuchar sus quejas, sin embargo estos insistían en que estaban bien, cosa que fue calificada por los miembros de la comisión como silencio cómplice, fruto de amenazas por parte de los agentes policiales que custodian el penal.
El presidente de la comisión de Derechos Humanos, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo insistió en vano en que sacaran a los policías presentes, porque a su entender, era la única forma de que los internos pudieran hablar.
“Ustedes le preguntan a todos esos presos uno a uno y ninguno va a decir que ha recibido mal trato, todos te dicen que están bien porque ya están condicionados y eso se llaman manipulación carcelaria, afirmó Rodríguez Restituyo.
De igual manera, el diputado Santiago Vilorio dijo que el Estado dominicano tiene el deber de proteger la dignidad de los presos con las mejores condiciones posibles y que el hecho de que hayan violado la ley, estos no pierden su dignidad humana.
“Nosotros vinimos a hacer un trabajo de fiscalización, nosotros no vinimos a enfrentar ni a la policía ni a la fiscalía, pero como representantes de la sociedad tenemos una responsabilidad que nos otorga la Constitución de la República, que es decirle a la sociedad dominicana cuales son las condiciones en que se encuentran estos ciudadanos”, manifestó Vilorio.
A los diputados les acompañaron Ana Leticia Martich, primera adjunta del Defensor del Pueblo y el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos.
Este lugar fue construido para ser un destacamento, y se convirtió en una cárcel preventiva que aloja cerca de 240 privados de libertad, donde existe un sótano en condiciones infrahumanas que es donde pernoctan los privados de libertad.
La Oficina de Defensa Pública hizo un levantamiento del recinto, un lugar con humedad extrema, sin las más mínimas condiciones, con limitado espacio, que se mantiene con hacinamiento e insalubridad.
Los privados de libertad que se encuentra en este sótano se les vulneran todos sus derechos como personas, sobre todo el de la salud, entre cloaca, sin ventilación, donde las personas deben estar en ropa interior, por el terrible calor, no pueden salir a la luz y tampoco reciben comida, sino que son los propios familiares tienen que suministrarla.
La comisión fue recibida por el fiscal interino de Santo Domingo Oeste, Edward López, quien negó que los privados de libertad hayan recibido algún tipo de presión y aseguró que ellos tienen el albedrío de expresarse ante los miembros de la comisión.