Depredación ríos y bosques sigue ante la inercia de Medio Ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente, que ha estado muy ocupado otorgando permisos ambientales para cuestionados proyectos, mantiene los ojos cerrados ante la escandalosa depredación de importantes ríos y la tala indiscriminada de árboles, principalmente en la zona del Cibao.

Cada día son más las denuncias que hacen grupos ecologistas y ciudadanos preocupados por la extracción indiscriminada de materiales de los rios y los aserraderos clandestinos que todo el mundo sabe su ubicación por el trajinar de los camiones transportando los grandes troncos de los árboles derribados.

En San José de Ocoa hay preocupación por daños que están provocando al medio ambiente proyectos ejecutados por organismos oficiales y empresas privadas.

La Fundación Ocoa de Pie, Ecologistas de El Maniel, Asociación Productores de Aguacates de Ocoa (ASOPRAMA), Fundación Antonio Castillo, Fundación Juventud y Naturaleza y la Regional Sur del Colegio Médico Dominicano,  denuncian los graves daños al río Nizao y a la loma de La Cruz y reclaman paralizar de inmediato esas acciones contra la sostenibilidad ambiental de Ocoa.

“Manifestamos ante la opinión pública nuestro rechazo a las talas indiscriminadas de importantes zonas boscosas del municipio, acciones que están deteriorando ambientes críticos de invaluable valor hidrológico en toda la geografía de la provincia, poniendo en peligro de extinción a importantes especies de flora y fauna silvestre únicas de nuestra la Isla”, expresa el comunicado.

El río Nizao sigue siendo la principal fuente de materiales de construcción, grava, gravilla y arena, que comercializan empresas que se lucran con el daño que provocan.

Sostienen que las acciones depredadoras se realizan  con la autorización o anuencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto de la sede central como del departamento provincial; pero lo más grave de estos hechos, es que ninguno de estos proyectos cuenta con los estudios de impacto ambiental como lo ordena la Ley 64-00, que establece que ante de hacer una intervención en cualquier área natural debe realizarse una evaluación de impacto como requisito fundamental para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda otorgar la licencia ambiental”.

Denuncian, además, que el Ministerio de Medio Ambiente debió exigirle al propietario de la finca de aguacate en la periferia del arroyo La Ciénaga un estudio de impacto ambiental, así como un detallado estudio hidrológico para determinar se puede usar las aguas del arroyo y  la autorización de la Junta Distrital de La Ciénaga, como lo requiere la Ley 176-07, sobre organización municipal.

Apuntan que “las acciones depredadoras que se han ejecutado  en la finca de Tota ya han ocasionado daños irreversibles a la foresta del lugar con la tala de árboles nativos y endémicos como pino, cabirma, pino de teta, caya, cigua, entre otros”.

Miguel Ceara Hatton, ministro de Medio Ambiente.

Las organizaciones advierten que “por carecer de los estudios ambientales correspondientes nunca se sabrá los impactos negativos que estas irresponsables acciones han ocasionado a los recursos naturales y la biodiversidad de la zona”.

Manifiestan que el Ministerio de Medio Ambiente no debió ignorar que este proyecto de aguacate a gran escala está ubicado en la cuenca media del río Nizao, “un componente de suma delicadeza que las autoridades no tomaron en consideración para otorgar este permiso, por el alto consumo de agua que tendrá esta plantación”.

“Esta actividad indudablemente que tendrá efectos demoledores sobre los ya exiguos caudales superficiales y subterráneos del menguado arroyo La Ciénaga, que es tributario del río Nizao, del cual se va usar el agua para la irrigació”, apuntan las organizaciones comunitarias de Ocoa.

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