Desmantelan en Cotuí red tráfico ilegal de migrantes
Otra red dedicada al tráfico de inmigrantes ha sido desarticulada por la Procuraduría General de la República.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), conjuntamente con la Fiscalía de Sánchez Ramírez, en coordinación con la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios, (DEIDEM), puso en marcha este sábado la Operación La Ruta, mediante la cual desarticuló una red transnacional de criminalidad organizada dedica al tráfico ilícito de migrantes.
La Procuraduría General de la República indica que en la operación arrestaron a Juan Bautista García, Felipe Sánchez Vásquez, Williams Batista Peña, Brian Rosario Fernández, Manuel Castillo Coronado, Justino del Carmen Abreu Romero y Victoriano Aracena Tapia, quienes junto a Henri Reyes Muñoz (prófugo), encabezaban esta red de criminalidad organizada.
Acusa a esa red de utiliza documentos de viajes falsificados para traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia, México, Islas Vírgenes (Trinidad y Tobado) y Guatemala; teniendo como destino final el ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica.
“Por esta operación de tráfico ilegal transnacional, los integrantes de esta red realizaban cobros de montos ascendentes a 15,000.00 dólares por cada migrante”.
Al ser arrestados en los 12 allanamientos realizados en las provincias de La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez y Santiago, a los investigados se les ocuparon pasaportes visados fraudulentos de los diferentes países, vehículos, computadoras, celulares, armas de fuego y municiones que prueban su participación directa en esta estructura de criminalidad organizada.
Personas vinculadas a hechos delictivos utilizaban de manera frecuente los servicios de esta organización para salir del país y así evadir la persecución penal.
La titular PETT, Yoanna Bejarán, señaló que la operación se inscribe dentro de las acciones que encamina el Ministerio Público contra la criminalidad organizada bajo los lineamientos de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.