Dio Astacio da reversa con su cuestionado cobro carnet motoristas

El alcalde Dio Astacio ha suspendido hasta enero del 2026 su cuestionado programa de registro de motocicletas que restringe el libre tránsito por ese municipio de quienes no tengan un carnet que los acredite como residentes en esa demarcación.
Se trata de un proyecto en el que los motoristas tendrán que pagar mil pesos con lo que el alcalde pretende recaudar unos 60 millones de pesos al margen de las disposiciones de los organismos que tienen facultad para fiscalizar el tránsito y el transporte en el país.
Astacio firmó un acuerdo con representantes de las principales federaciones de motoconchos del municipio en el Salón de Gabinetes de la ASDE.
Astacio informó que, aunque el proceso de registro continuará activo, las labores de fiscalización quedarán suspendidas hasta inicios de 2026, dándole prioridad a la capacitación, sensibilización y organización del sector motoconchista.
«El objetivo es construir un sistema de transporte más seguro y ordenado, y para eso necesitamos trabajar en conjunto con los motoristas. Esta prórroga no es un permiso para el desorden, sino una oportunidad para que todos se pongan al día sin presiones ni confrontaciones», señaló Astacio quien tomó la decisión luego de una masiva protesta de motoristas rechazando su disposición.
Se recuerda que la semana pasada cientos de motoristas se manifestaron en Santo Domingo Este en rechazo a un nuevo carnet que, según denuncian, el alcalde Dio Astacio quiere implementar con un costo de RD$1,500.
La protesta, que se tornó tensa, fue dispersada por agentes de la policía municipal, quienes, según testimonios de los manifestantes, utilizaron gases lacrimógenos y otras herramientas para controlar la situación.
Como parte del acuerdo, también se estableció la creación de una mesa interinstitucional permanente con la participación del Ayuntamiento, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Policía Nacional, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), federaciones motoconchistas y otras instituciones vinculadas a la regulación del transporte.

