Diputado acusado de agresiones y despojo de terrenos acude a la Suprema Corte

El diputado Gregorio Domínguez Domínguez, a quien dominicanos e inversionistas extranjeros han acusado de agresiones y violación a la propiedad privada, alegó hoy que es inocente y señaló que pretenden hacerle daño con mentiras.

“Nosotros somos inocentes de lo que se nos está acusando, eso ha sido una burda mentira, y nosotros vamos a defender en justicia nuestra verdad”, expresó el legislador de Santiago tras la jueza de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia Vanesa Acosta Peralta aplazar el inicio de su audiencia preliminar para e 11 de marzo.

El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), contra quien pesa cuatro cargos, dijo que siempre ha actuado apegado a la ley. “Y voy a demostrar en este país que se va a acabar de estar dañado honras y estar dañando imagen de personas serias y honestas como nosotros”, manifestó.

Domínguez Domínguez, quien se hizo acompañar de un grupo de personas, precisó que el terreno que dice el Ministerio Público fue invadido por él, es de su propiedad y la obtuvo de manera legal con “mucho esfuerzo y sacrificio”, donde tenía previsto levantar un proyecto de villas turísticas.

Al ser abordado por los periodistas cuestionó la veracidad de la acusación. “Pregúntenle a ella (la víctima Lucila Capellán Luna) con qué documentos, con qué calidad ella penetró a mi terreno y empezó a ser una construcción de manera ilegal y el que tiene que venir a demostrar a la justicia que es el dueño soy yo siendo yo el propietario, esto pone en peligro el sistema jurídico completo, para qué entonces sirven los títulos de propiedad, o es que el Ministerio Público no sabe qué es un título de propiedad”, indicó.

Su abogado Francisco Hernández indicó que van a someter disciplinariamente e interpondrá una demanda en responsabilidad patrimonial contra el procurador adjunto Rafael Suárez Pérez quien presentó la acusación contra el legislador, al considerar que violó el debido proceso de ley.

Las andanzas de ese legislador tienen años, hasta que por una campaña de los dominicanos y extranjeros víctimas de la violencia para sacarlos de sus propiedades, las autoridades asumieron el caso que ha trascendido las fronteras nacionales.